Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público

 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

Decreta:

la siguiente

LEY ORGÁNICA DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO

TITULO I

Del Objeto de la Ley y de las personas sometidas a ella

Artículo 1. El objetivo de la presente Ley es prevenir, perseguir y sancionar el enriquecimiento ilícito y los delitos contra la cosa publica que en ella se determinan, y hacer efectiva la responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria de los funcionarios y empleados públicos y demás personas que se indica en ella.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se consideran funcionarios o empleados públicos:

1. A todos los que estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República, de las Entidades Federales, Municipios o de algún instituto o establecimiento público sometido por la ley a control de tutela, o de cualquier otro tipo, por parte de dichas entidades.

2. A los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones y otras personas jurídicas, cuyo capital o patrimonio estuviese integrado con aportes de las entidades mencionadas en el Artículo 4 de esta Ley, igual o mayor al cincuenta por ciento del capital o patrimonio; y los directores nombrados en representación de dichas entidades estatales, aun cuando la participación fuere inferior al cincuenta por ciento del capital o patrimonio.

3. A cualquier otra persona, en los casos previstos en la presente Ley.

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley se aplican a las personas indicadas en el Artículo anterior, aun cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del territorio de la República.

Artículo 4. Se considera patrimonio público aquel que corresponde por cualquier título a:

1. La República.

2. Los Estados y Municipios.

3. Los Institutos Autónomos, los establecimientos públicos y demás personas jurídicas de derecho público en las cuales los organismos antes mencionados tengan participación.

4. Las sociedades en las cuales la República y demás personas a que se refieran los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán, comprendidas, además, las sociedades de propiedad totalmente estatal cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.

5. Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el ordinal anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento.

6. Las fundaciones constituidas y dirigidas por algunas de las personas referidas en el presente Artículo, o aquellas de cuya gestión pudieran derivarse compromisos financieros para estas personas.

TITULO II

De la Declaración Jurada de Patrimonio

Artículo 5. Las personas señaladas en el Artículo 2 de esta Ley, deberán hacer declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta días siguientes a la toma de posesión y dentro de los treinta días posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de empleos o funciones públicas.

La declaración jurada de patrimonio estará exenta de todo impuesto o tasa.

A quienes competa hacer el nombramiento o designación y a los presidentes de cuerpos integrados por funcionarios electos, corresponderá participar a la Contraloría General de la República las elecciones recaídas, los nombramientos o designaciones hechos y las respectivas tomas de posesión de cualquiera de las personas señaladas en el artículo 2 de esta Ley, a los fines del Registro de Funcionarios o Empleados Públicos.

Tal participación deberá hacerla el obligado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la cual el funcionario o empleado público asuma el ejercicio del cargo.

Parágrafo Unico. La Contraloría General de la República, en casos excepcionales y justificados, podrá prorrogar los lapsos antes indicados.

Artículo 6. La declaración de patrimonio debe ser hecha bajo juramento de decir verdad, en papel común, sin estampillas, por ante los funcionarios que el Contralor General de la República autorice para recibirla. En el extranjero, la declaración se hará ante el representante diplomático o consular de la República en el país donde el funcionario formulante prestare sus servicios. El funcionario que reciba la declaración deberá enviarla a la Contraloría General de la República dentro de los diez días continuos siguientes a la fecha en que hubiere sido hecha.

Parágrafo Unico. El funcionario que reciba la declaración o otorgará constancia de ello al interesado.

Artículo 7. Están exceptuados de formular declaración jurada de patrimonio:

1. Los profesores y maestros que no tengan otra actividad pública que la enseñanza.

2. Los suboficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas Nacionales, que no ejerzan funciones administrativas.

3. Los miembros de las academias, de comisiones de legislación y de cuerpos consultivos.

4. Los que sólo tuvieren funciones eventuales, interinas o transitorias, que no excedan de tres meses, salvo aquellos que presten servicios o ejerzan gestiones, negocios o mandatos en el exterior y no estén exceptuados en los ordinales anteriores.

5. Los que determine la Contraloría General de la República, mediante resolución motivada, por la naturaleza de las funciones que desempeñen.

Parágrafo Unico. La Contraloría General de la República, podrá ordenar a cualquiera de las personas exceptuadas en el Artículo precedente, que formule declaración jurada de patrimonio en el término prudencial que le señale, cuando, a su juicio, ello fuere necesario con motivo de la investigación que aquella practique.

Artículo 8. La declaración jurada de patrimonio deberá contener una relación:

1. De los bienes y de los créditos a favor o en contra del declarante con expresión del valor de los mismos.

2. De los bienes y de los créditos a favor o en contra del cónyuge no separado legalmente de bienes, y los de los hijos menores sometidos a la patria postestad del declarante, con expresión del valor de los mismos.

3. En el caso de bienes muebles, se señalará el lugar donde están depositados, si no lo estuviesen en la casa de habitación del declarante.

Parágrafo Primero. Se exceptúan del requisito de la declaración, los bienes muebles destinados al uso o al consumo personal y directo del declarante, del cónyuge y los de sus hijos menores sometidos a patria potestad, En todo caso, deberán incluirse en la declaración jurada de patrimonio las obras de arte y las joyas cuyo valor individual exceda de cien mil bolívares o que en su conjunto excedan de quinientos mil bolívares; en ambos casos, se identificará con precisión cada uno de los objetos se indicará el valor de adquisición de los mismos. El Reglamento podrá modificar los montos antes indicados.

Parágrafo Segundo. La declaración jurada de patrimonio también contendrá autorización expresa e irrevocable del declarante facultando a la Contraloría General de la República y al órgano jurisdiccional competente para que sean investigadas sus cuentas y bienes situados en el extranjero.

Artículo 9. En la formulación de la declaración jurada de patrimonio deberán observarse las siguientes normas:

1. Cuando se trate de derechos sobre bienes inmuebles se indicará el número, folio, protocolo, tomo, fecha y oficina subalterna de registro ante la cual se hubiere protocolizado su adquisición, enajenación, gravamen y otro tipo de operación realizada sobre ellos.

2. Cuando se trate de acciones o cuotas de participación en sociedades civiles o mercantiles se indicará el número, tomo, fecha y oficina donde curse el registro societario, y la naturaleza, número, valor de emisión y descripción de los títulos contentivos de las acciones o cuotas.

3. Cuando se trate de cuentas corrientes, de ahorro, de depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, certificados de ahorro, bonos quirografarios, financieros, de deuda pública o cualquier otro título valor se señalará, según el caso, su monto o saldo para el momento de la declaración, número de cuenta o título, instituto bancario comercial o hipotecario, entidad de ahorro, organismo financiero privado u oficial, nacional o extranjero, que hubiere emitido los valores o donde se hallaren los depósitos.

4. Cuando se trate de cualesquiera otros derechos o de acreencias activas o pasivas, se indicará, con la debida precisión, la documentación donde consten, su valor y el nombre del deudor o acreedor.

Artículo 10. A las personas que no hubieren presentado la declaración jurada de patrimonio en el término señalado, ser les retendrá el pago de las remuneraciones mientras no den cumplimiento a la obligación indicada. Esta retención se mantendrá hasta que el funcionario o empleado público presente prueba fehaciente de que entregó dicha declaración al funcionario autorizado por la Contraloría General de la República para recibirla.

Artículo 11. Las personas obligadas a formular declaración jurada de patrimonio prestarán las facilidades necesarias para verificar la sinceridad de ellas. A tal efecto, permitirán a los funcionarios competentes la inspección de libros, cuentas bancarias, documentos, facturas, conocimientos y otros elementos que tiendan a comprobar lo que se averigua. Idéntica obligación estará a cargo de los funcionarios o empleados públicos y de los particulares que tengan dichos documentos en su poder.

Los institutos bancarios están obligados a abrir las cajas de seguridad de sus clientes sometidos a averiguación y mostrar su contenido cuando se lo exijan la Contraloría General de la República o el órgano jurisdiccional competente. La apertura se hará en presencia del funcionario respectivo y del titular de la caja de seguridad o de su representante. En caso de que aquel no concurriere al acto de apertura o se negare a abrir la caja de seguridad, ésta será abierta en su ausencia o rebeldía y en presencia de un fiscal del Ministerio Público, inventariándose su contenido, de todo lo cual se levantará acta en el expediente respectivo. Dicha caja, luego de sellada, no podrá abrirse nuevamente sin orden expresa del organismo que hubiere acordado la apertura e inspección.

Artículo 12. La Contraloría General de la República o el órgano jurisdiccional competente, en cualquier tiempo, podrán exigir la presentación de la declaración jurada de patrimonio a las personas indicadas en el Artículo 2 de esta Ley. En ese caso, dicha declaración deberá formularla el obligado dentro de los treinta días continuos siguientes a la notificación de la correspondiente resolución.

Artículo 13. El Tribunal competente podrá exigir la presentación de la declaración jurada de patrimonio a personas distintas a las indicadas en el Artículo 2 de esta Ley, cuando, de las investigaciones de que esté conociendo, surjan indicios de delitos contra el Patrimonio Público. Los requeridos deberán formularla dentro de un plazo no mayor de sesenta días continuos, contados desde la fecha de la notificación de la correspondiente resolución.

Artículo 14. Las personas naturales o jurídicas que ejecuten obras o suministren bienes o servicios a cualesquiera de las entidades señaladas en el artículo 4 de esta Ley, deberán formular o presentar declaración jurada de patrimonio cuando les sea exigido por la Contraloría General de la República o el Tribunal competente en el curso de las investigaciones que realicen.

Mientras no den cumplimiento a esta obligación o no paguen la sanción pecuniaria que por su omisión les hubiere sido impuesta, no podrán contratar ni percibir pagos por la ejecución de contratos.

Artículo 15. La Contraloría General de la República, recibida la declaración jurada de patrimonio, procederá a verificar la sinceridad de la misma y a cotejarla, de ser el caso, con la declaración anterior.

Artículo 16. Cuando la Contraloría General de la República observe que, la declaración no se ajusta a las exigencias previstas en esta Ley o surjan dudas acerca de la exactitud de los datos que ella contenga, ordenará al declarante que presente los elementos probatorios del caso dentro del lapso de treinta días continuos, contados a partir de la fecha en que haya sido notificado, más el término de la distancia que se computará a razón de doscientos kilómetros diarios. Si no presentare lo requerido, la Contraloría General de la República participará a quien corresponda ordenar el pago de sueldos o emolumentos, a los efectos de que los retenga, hasta que corrija los vicios o consigne las pruebas que aclaren su situación.

Artículo 17. El declarante podrá solicitar de la Contraloría General de la República, después de su notificación, la concesión de un plazo adicional no mayor de veinte días continuos, para comprobar ante ella la veracidad de su declaración jurada de patrimonio. Dicho organismo podrá acordar la prórroga por resolución que comunicará al solicitante.

Artículo 18. Vencidos los términos acordados al declarante para la corrección de su declaración jurada de patrimonio o para la presentación de los documentos probatorios del caso, la Contraloría General de la República decidirá la incidencia dentro de los treinta días siguientes y procederá a admitir la declaración, si fuere el caso. Por el contrario, cuando la decisión determine que la declaración es insincera por dolo imputable al declarante, se procederá a la apertura de la averiguación prevista en el Artículo 48 de esta Ley. Si el error u omisión en la declaración fuere culposo, la Contraloría General de la República, de oficio, hará las correcciones necesarias, instancia al superior jerárquico para que amoneste al declarante.

Artículo 19. El Contralor General de la República o sus delegados por resolución motivada, sancionarán a las personas señaladas por el artículo 2 de esta Ley que, sin causa justificada, incurran en lo siguiente:

1. Omitieren hacer la declaración jurada de patrimonio dentro del término legal.

2. No presentaren, en el término que se les hubiere fijado, los documentos pedidos para comprobar la sinceridad de sus declaraciones juradas.

En el caso previsto en el numeral 1, se aplicará multa de quinientos hasta diez mil bolívares, y en el señalado en el numeral 2, multa de quinientos hasta dos mil bolívares, a juicio del órgano contralor y según la gravedad de la falta.

Artículo 20. El Contralor General de la República o sus delegados, por resolución motivada y en cada caso, sancionarán con multa de quinientos hasta dos mil bolívares a los ordenadores de pago que infrinjan las disposiciones de los artículos 10, 16 y 54 de esta Ley.

Artículo 21. La Contraloría General de la República o el Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público, en sus casos, sancionarán con multa de quinientos hasta diez mil bolívares:

1. A las personas que infrinjan o desacaten la resolución que les exija la presentación de la declaración jurada de patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de esta Ley.

2. A cualquiera que, de algún modo, impida u obstaculice la práctica de alguna diligencia que deba evacuarse dentro del procedimiento para verificar la sinceridad de la declaración jurada de patrimonio presentada de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

TITULO III

De las Atribuciones y Deberes de la Contraloría de la República y del Ministerio Público

Artículo 22. En materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, la Contraloría General de la República tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1. Recibir, admitir, estudiar, cotejar, ordenar y archivar las declaraciones juradas de patrimonio que le fueren presentadas.

2. Exigir la formulación y presentación de la declaración jurada de patrimonio a las personas que deban hacerlo, en la oportunidad y condiciones que juzgue necesario, de conformidad con esta Ley.

3. Realizar y sustanciar las investigaciones que considere procedentes cuando surjan indicios de que se han realizado actos violatorios de la presente Ley o de los cuales pueda derivarse responsabilidad civil, penal o administrativa de las personas a las cuales se refiere el artículo 2 de esta Ley.

4. Declarar la responsabilidad administrativa de las personas a las cuales se refiere el Artículo 2 de esta Ley e imponerles las sanciones pecuniarias previstas en ella.

5. Enviar al Fiscal General de la República o a los tribunales competentes todos los documentos o elementos que ellos exijan, así como los resultados de las investigaciones que realice sobre toda acción u omisión que produjera un perjuicio en el Patrimonio Público o pudiere comprometer la responsabilidad de las personas sujetas a esta Ley.

6. Investigar a las personas jurídicas que contraten con alguna de las entidades señaladas en el Artículo 4 de esta Ley, cuando en su capital participe, directamente o por interpuesta persona, cualquier funcionario en contravención con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución.

7. Practicar las investigaciones pertinentes cuando fundamente se presuma que alguna de las personas sometidas a esta Ley, aún por medio de sujetos interpuestos, hubiere efectuado remesas de fondos al exterior con el propósito de ocultar su enriquecimiento ilícito.

Artículo 23. La Contraloría General de la República podrá aclarar las dudas que puedan presentarse en la interpretación de la obligación de hacer declaración jurada de patrimonio en las investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y en la sustanciación de aquellos casos en que pueda derivarse responsabilidad penal o civil.

La Contraloría General de la República podrá solicitar la colaboración del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el cual actuará, en este caso, como órgano auxiliar, sin menoscabo de las disposiciones contenidas en los artículos 74-A del Código de Enjuiciamiento Criminal y 7 de la Ley de Policía Judicial.

Artículo 24. Las actuaciones que realice la Contraloría General de la República para determinar la responsabilidad administrativa o para sustanciar aquellos casos en que pudiera derivarse responsabilidad civil o penal, serán secretas, menos para el investigado, sus abogados y el representante del Ministerio Público. El funcionario que de informaciones sobre ellas será sancionado con destitución.

Artículo 25. La Contraloría General de la República tiene competencia para investigar y fiscalizar todos los actos que tengan relación con el Patrimonio Público. A estos efectos, podrá realizar las averiguaciones que crea necesarias en los organismos y entidades que se mencionan en el artículo 4 de esta Ley.

Artículo 26. Si de las inspecciones y fiscalizaciones surgen indicios de que se han cometido actos violatorios de esta Ley, la Contraloría General de la República por acto motivado acordará iniciar la investigación correspondiente y ordenará practicar las diligencias que sean procedentes.

Artículo 27. La determinación de la responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el Título IV de esta Ley, es de la competencia de la Contraloría General de la República, y, en consecuencia, los organismos y entidades que señala el Artículo 4 deberán remitirle todos los documentos e informes sobre hechos, actos y omisiones relativos a la eventual responsabilidad administrativa del funcionario.

Artículo 28. Concluida la investigación, la Contraloría General de la República publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela la decisión que en ella recaiga y el auto por el cual remita al Fiscal General de la República el expediente respectivo, cuando ello fuere pertinente.

Artículo 29. Si la averiguación culminare con una declaratoria de responsabilidad administrativa y transcurrieren los treinta días establecidos en el Artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República sin que se hubiere aplicado la sanción disciplinaria correspondiente, el Contralor General de la República solicitará al Fiscal General de la República requerir de la administración la imposición de la sanción que estime pertinente. De la decisión de la administración podrán recurrir el Ministerio Público o el administrado por ante los tribunales correspondientes de la Carrera Administrativa.

Artículo 30. Compete también a la Contraloría General de la República realizar todos los actos de sustanciación en aquellos casos en que pueda derivarse responsabilidad penal o civil. Concluida la sustanciación, remitirá al Ministerio Público el resultado de sus actuaciones para que éste ejerza las acciones pertinentes.

Artículo 31. En materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, el Ministerio Público tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1. Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y disciplinaria en que hubieren incurrido las personas indicadas en el Artículo 2 de esta Ley.

2. Solicitar a los cuerpos policiales o a los tribunales competentes la realización de las averiguaciones correspondientes para completar las actuaciones y recabar los elementos que faltaren en los expedientes que le remita la Contraloría General de la República, a los fines de decidir acerca de la procedencia del ejercicio de la acción penal o civil contra las personas sometidas a investigación por el órgano contralor.

3. Recabar, conservar y estructurar cualesquiera elementos probatorios que considere necesarios y útiles para el procesamiento de las personas incursas en la perpetración de alguno de los delitos previstos en esta Ley.

4. Velar por la aplicación de las sanciones administrativas y disciplinarias que sean procedentes.

5 Intentar la acción civil de cobro de las multas administrativas impuestas por la Contraloría General de la República como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa, y que no hubieren sido satisfechas.

6. Las demás que le señalen esta Ley y su Reglamento.

TITULO IV

De la Responsabilidad Administrativa y Civil

Artículo 32. El funcionario o empleado público responde administrativamente por sus actos, hechos u omisiones que sean contrarios a una disposición legal o reglamentaria. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil.

Artículo 33. La Contraloría General de la República, en la decisión que declare la responsabilidad administrativa de las personas a las cuales se refiere el Artículo 2 de esta Ley, aplicará las sanciones pecuniarias que sean procedentes, de acuerdo a las previsiones de la presente Ley.

Artículo 34. El funcionario o empleado público responde civilmente cuando con intención, negligencia, imprudencia o abuso de poder cause un daño al Patrimonio Público. La responsabilidad civil se hará efectiva con arreglo a las previsiones legales pertinentes.

Artículo 35. Salvo lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República incurren en responsabilidad administrativa, además de la responsabilidad penal y civil que establece esta Ley, los funcionarios que sin estar previa y legalmente autorizados para ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo, efectúen gastos o contraigan deudas o compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar la responsabilidad de la República o de algunas de las entidades señaladas en el Artículo 4 de esta Ley.

En estos casos, los responsables serán sancionados con multa de un mil a cincuenta mil bolívares.

Artículo 36. Incurre también en responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad penal y civil que pueda corresponderle, el funcionario o empleado público que, con fondos públicos, abra cuenta bancaria a su propio nombre o al de un tercero, o deposite dichos fondos en cuenta personal ya abierta, o aquel que se sobregire en las cuentas que en una o varias entidades bancarias tenga el instituto o ente público confiado a su manejo, administración o giro. En estos casos los responsables serán sancionados con multa de un mil a cincuenta mil bolívares.

Artículo 37. Ningún funcionario será relevado de responsabilidad por haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario superior, al pago, uso o disposición indebidos de los fondos u otros bienes de que sea responsable, salvo que compruebe haber advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida. El funcionario que ordene tal pago o empleo ilegal, será responsable administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudierre corresponderle por la pérdida o menoscabo que sufran los bienes a su cargo y sin perjuicio de la responsabilidad del superior jerárquico que impartió la orden.

Artículo 38. Los miembros de las Juntas Directivas o de los cuerpos coelgiados encargados de la administración del patrimonio de las entidades a las que se refiere el Artículo 4, incurren solidariamente en responsabilidad administrativa cuando concurran con sus votos a la aprobación de pagos ilegales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que de tales acuerdos pudieren derivarse.

Incurren igualmente en responsabilidad los funcionarios que hubieren autorizado tales pagos, salvo que hubieren objetado previamente por escrito la orden respectiva.

Esta disposición será aplicable a los Concejos Municipales.

Artículo 39. Cualquiera de las personas indicadas en el numeral 1 del Artículo 2 de esta Ley, que, sin atenerse a la verdad, expidan certificados o constancias que justifiquen indebidamente la inasistencia de cualquier persona a su trabajo, sean particulares o funcionarios o empleados públicos u obreros al servicio del Estado, además de las otras sanciones previstas en la Ley, serán castigadas con multa de quinientos a cinco mil bolívares.

Artículo 40. Los funcionarios públicos que oculten, permitan el acaparamiento o nieguen injustificadamente a los usuarios las planillas, formularios o formatos cuyo suministro corresponda a la administración pública, serán sancionados, en cada caso, con multa de dos mil a diez mil bolívares.

Artículo 41. Serán sancionados con multa de diez mil a quinientos mil bolívares los funcionarios públicos que:

1. Adquieran, arrienden o utilicen maquinarias, vehículos o materiales que excedan a las necesidades del organismo.

2. Adquieran, arrienden o utilicen maquinaria, vehículos o materiales a precios superiores a los del mercado.

3. Contraten servicios que no sean estrictamente necesarios a los fines del organismo, o a precios superiores a los del mercado.

4. Contraten personal supernumerario innecesario para el funcionamiento del organismo.

5. Autoricen gastos en celebraciones y agasajos que no se corresponden con las necesidades estrictamente protocolares del organismo.

6. Ordenen erogaciones excesivas para gastos de escritorios y papelería.

7. Ordenen obras de calidades o precios superiores a las necesidades requeridas por el organismo.

8. Dejen prescribir o permitan que desmejoren acciones o derechos de los organismos públicos, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.

9. Dejen que se pierdan, deteriores o menoscaben, salvo el desgaste debido al uso normal al cual están sometidos, las maquinarias, equipos, implementos, repuestos, materiales y cualesquiera otros bienes del Patrimonio Público.

Artículo 42. Toda otra violación de una disposición legal o reglamentaria no prevista expresamente en esta Ley y que de origen a una declaratoria de responsabilidad administrativa, será sancionada con multa de un mil a cincuenta mil bolívares.

Artículo 43. Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta Ley, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción y la naturaleza de la actividad del organismo o entidad en la cual preste sus servicios el sancionado.

Cuando el término par cancelar la multa se hubiere vencido y el funcionario no lo hubiere pagado, se pasará el caso al Fiscal General de la República a los efectos de que intente la acción civil de cobro, a cuyo efecto se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 681 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Las cantidades adeudadas devengarán intereses calculados a la rata del doce por ciento anual. Sólo en los casos de imposibilidad del cobro a juicio del Fiscal General de la República, la Contraloría General de la República podrá acordar su conversión en arresto, de conformidad con la regla prevista en el Artículo 106 de esta Ley. En este caso, mientras dura la medida, el funcionario no percibirá emolumento alguno.

TITULO V

Del Enriquecimiento y del Procedimiento para su Restitución al Patrimonio Público

CAPITULO I

Del Enriquecimiento Ilícito

Artículo 44. Incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario o empleado público que durante el desempeño de su cargo o dentro de los dos años siguientes a su cesación y sin poder justificarlo, se encontrare en posesión de bienes que sobrepasen sus posibilidades económicas.

Parágrafo Unico. Para la determinación del enriquecimiento ilícito de las personas sometidas a esta Ley, se tomarán en cuenta:

1. La situación patrimonial del investigado.

2. La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios.

3. La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación causal con el enriquecimiento.

4. Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguna de las entidades indicadas en el Artículo 4 de esta Ley.

Artículo 45. Además de las personas indicadas en el Artículo 2 de esta Ley, podrán incurrir en enriquecimiento ilícito:

1. Aquellas a las cuales se hubiere exigido declaración jurada de patrimonio, de conformidad con lo previsto en el Artículo 13.

2. Quienes ilegalmente obtengan lucros por concepto de ejecución de contratos celebrados con cualquiera de las entidades indicadas en el Artículo 4 de esta Ley. En estos casos, solamente se procederá cuando el Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público actúe de oficio o a instancia del Contralor General de la República o el Fiscal General de la República.

Artículo 46. Sin perjuicio de las pruebas que pueda promover el órgano competente, incumben a la persona investigada o enjuiciada las pruebas indicadas en el Artículo 44 y en el Artículo 66 de esta Ley, la relativa al importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios y lo que tienda a comprobar la solicitud del enriquecimiento.

CAPITULO II

Del Procedimiento ante la Contraloría General de la República

Artículo 48. Cuando del estudio de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por los obligados a ello de la denuncia que formulare el Ministerio Público o cualquier persona debidamente identificada, o del conocimiento de la Contraloría General de la República, apareciere que se han cometido hechos irregulares contemplados por esta Ley, y presuntamente generadores o reveladores de enriquecimiento ilícito, la Contraloría General de la República, por auto motivado, acordará iniciar la investigación correspondiente y ordenará practicar todas las diligencias encaminadas a demostrar los referidos hechos ilícitos. Del auto que ordene la apertura de la averiguación, se notificará al representante del Ministerio Público, cuando la investigación no hubiere sido iniciada a instancias de este organismo. El Ministerio Público guardará la confidencialidad de las denuncias.

Artículo 49. Los funcionarios o empleados públicos y los particulares están obligados a rendir declaración de los hechos que conozcan y a presentar a la Contraloría General de la República o a sus delegados, al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente, según el caso, libros, comprobantes y documentos relacionados con el hecho que se averigua, sin observar lo pautado en los artículos 54 y 60 de la Ley Orgánica de la Administración Central. Cuando se tratare de inspección de cartas, telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia o comunicación, se procederá de conformidad con el Artículo 63 de la Constitución.

Artículo 50. La Contraloría General de la República deberá oír a la persona sometida investigación, para lo cual se la citará. Si el investigado no pudiere ser citado, se publicara un cartel en un diario de circulación nacional, indicándole lugar, día y hora de comparecencia. El lapso de comparecencia no podrá exceder de quince días continuos, contados a partir de la fecha de publicación del cartel respectivo. Transcurrido ese lapso sin que el investigado comparezca la averiguación proseguirá en su ausencia.

Artículo 51. Terminada la investigación, sino resultaren probados los hechos averiguados, la Contraloría General de la República hará declaración expresa de ello. En caso contrario e independientemente de la declaración de responsabilidad administrativa e imposición de las sanciones que sean pertinentes, procederá de la forma siguiente:

1. Si aparecieren fundados indicios de que el investigado ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito o cualquiera de los otros delitos contemplados en esta Ley, solicitará del Fiscal General de la República que intente las acciones penales y civiles correspondientes.

2. Si resultare que el investigado está incurso en la comisión de hechos constitutivos de infracción de alguna de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional u otras de índole fiscal, decidirá lo conducente, de conformidad con la Ley Orgánica que rige sus funciones y con la presente Ley.

3. Si resultaren comprobados daños y perjuicios causados a la administración, solicitará el Fiscal General de la República que intente la acción civil respectiva.

Artículo 52. Una vez que el Fiscal General, de la República tenga en su poder el expediente, dentro de los treinta días siguientes hará practicar las diligencias o actuaciones complementarias que considere necesarias y las pertinentes que promueva el investigado, en cuyo caso, observará lo establecido en el Artículo 50 de esta Ley. Concluido ese término, si ello fuere procedente, ordenará al respectivo Fiscal del Ministerio Público, o a quien comisione suficientemente al efecto, que ejerza las acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil o disciplinaria en que aparezca incursa la persona sometida a la averiguación.

Artículo 53. Las diligencias que practique el representante del Ministerio Público serán secretas, menos para el indiciado, hasta que se declare concluida la averiguación.

Artículo 54. Si existen fundados indicios de responsabilidad del investigado, la Contraloría General de la República podrá ordenar que se retengan prenventivamente las remuneraciones, prestaciones o pensiones del funcionario, cuando la investigación se refiera a fondos de los cuales éste aparezca directamente responsable en la averiguación.

Esta retención podrá ordenarse también a requerimiento del Ministerio Publico o del órgano jurisdiccional competente, y podrá hacerse extensiva, en los mismos términos, a los pagos que los institutos y entidades mencionados en el artículo 4 adeuden a contratistas, cuando éstos aparezcan directamente implicados en las investigaciones que se practiquen.

Artículo 55. El Contralor General de la República o el Fiscal General de la República, en sus casos, cuando existieren indicios graves, solicitarán por órgano de la autoridad judicial el aseguramiento de bienes del investigado hasta por el doble de la cantidad en que se estime el enriquecimiento ilícito o el daño causado po r el investigado al Patrimonio Público. En este caso, el tribunal acordará la medida solicitada, sujetándose a los trámites previstos en el Código de Procedimiento Civil. Introducida la solicitud, el Juez decretará en la misma audiencia la medida preventiva de aseguramiento solicitada.

Las medidas de aseguramiento podrán ser decretadas por el tribunal competente de la jurisdicción o, en su defecto, por otro tribunal competente por la materia de cualquier otra jurisdicción territorial.

Artículo 56. Las averiguaciones o actuaciones que practiquen a Contraloría General de la República o el Ministerio Público, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, no impiden ni menoscaban las de los tribunales competentes en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, y, en ningún caso, podrán ser opuestas aquellas como cuestión prejudicial ante el órgano jurisdiccional.

Artículo 57. Las diligencias que practique la Contraloría General de la República en los procedimientos de su competencia, así como los elementos que recabe el Ministerio Público, incluida en ambos casos la prueba testimonial, tendrán la fuerza probatoria que les atribuyan las leyes adjetivas, mientras no sean desvirtuados en el debate judicial. Sin embargo, el tribunal competente, de oficio o a instancia de alguna de las partes, examinará nuevamente a los testigos que hayan declarado ante aquellos organismos. En caso de ue, pedida la ratificación judicial de la prueba testimonial, ésta no fuere hecha, dicha prueba podrá ser apreciada, en su conjunto, como indicio.

TITULO VI

De los Delitos contra la Cosa Pública

Artículo 58. Cualquiera de las personas señaladas en el Artículo 2 de la presente Ley que se apropie o distraiga en proyecto, propio o de otro, los bienes del Patrimonio Público o en poder de algún organismo público, y cuya recaudación, administración o custodia tenga por razón de su cargo, será penado con prisión de tres a diez años y multa del veinte al sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicarán las mismas penas si el agente aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropiao distrae o contribuye para que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público.

Artículo 59. Cualquiera de las personas indicadas en el Artículo 2 de esta Ley que por imprudencia, negligencia, impericia o no observancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, diere ocasión a que otra persona se apropie o distraiga los bienes indicados en el artículo que precede, será penada con prisión de tres meses a un año.

Artículo 60. El funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, aún en beneficio público, será penado con prisión de seis meses a tres años, pudiendo elevarse la pena en una tercera parte si como consecuencia del hecho resultare algún daño o se entorpeciere algún servicio público.

Artículo 61. El funcionario público que, excediéndose en las disposiciones presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crédito público, efectúe gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que hagan procedente reclamaciones contra la República o contra alguna de las entidades o instituciones indicadas en el Artículo 4 de esta Ley, será penado con prisión de uno a tres años, excepto en aquellos casos en los cuales el funcionario, a los fines de evitar la paralización de un servicio, obtuviere la autorización del gasto por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros, debiendo notificarse esta autorización a las Comisiones Permanentes de Finanzas del Congreso de la República o, en su defecto, a la Comisión Delegada.

Artículo 62. El funcionario público que, abusando de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo, o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebidas, será penado con prisión de dos a seis años y multa de hasta el cincuenta por ciento de la cosa dada o prometida.

Artículo 63. El funcionario público que utilice con fines de lucro, para sí o para otro, informaciones o datos de carácter reservado de los cuales tenga conocimiento en razón de su cargo, será penado con prisión de dos a seis años y multa de hasta el cincuenta por ciento del beneficio perseguido u obtenido. Con la misma pena será castigado quien diere u ofreciere los objetos que constituyan el lucro al cual se refiere este Artículo.

Artículo 64. Fuera de aquellos casos expresamente tipificados, el funcionario público o cualquier persona que por sí misma o mediante persona interpuesta se procure ilegalmente alguna utilidad en cualquiera de los actos de la administración pública, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de hasta el cincuenta por ciento de la utilidad procurada.

Artículo 65. Cualquier funcionario público que por razón de sus funciones reciba, para sí mismo o para otro, retribuciones u otra utilidad que no se le deban, o cuya promesa acepte, será penado con prisión de uno a cuatro años y multa de hasta el cincuenta por ciento de lo recibido o prometido. Con la misma pena será castigado quien diere o prometiere el dinero, retribuciones u otra utilidad indicados en este Artículo.

Artículo 66. El funcionario público que durante el desempeño de su cargo o dentro de los dos años siguientes a su cesación, sin poder justificarlo, se encontrare en posesión de bienes, sea por sí o por interpuesta persona, que notoriamente sobrepasen sus posibilidades económicas, será penado con prisión de tres a diez años.

Artículo 67. Cualquier funcionario público que por hacer, retardar u omitir algún acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con prisión de tres a siete años y multa de hasta el cincuenta por ciento del beneficio recibido o prometido.

La prisión será de cuatro a ocho años y la multa de hasta el sesenta por ciento, si la conducta ha tenido por efecto conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se convenga en contratos relacionados con la administración a la que pertenezca el funcionario, o favorecer o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en procedimiento administrativo o juicio penal, civil o de cualquier otra naturaleza. Si el responsable de la conducta fuere un juez y de ello resultare una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad, que exceda de seis meses, la pena de prisión será de cinco a diez años.

Con las mismas penas y en sus casos, será castigado quien diere o prometiere el dinero u otra utilidad indicados en este Artículo.

Artículo 68. Cualquier funcionario público que arbitrariamente exija o cobre algún impuesto o tasa indebidos, o que, aun siendo legales, emplee para su cobranza medios no autorizados por la Ley, será penado con prisión de un mes a un año y multa de hasta el veinte por ciento de lo cobrado o exigido.

Artículo 69. Cualquier funcionario público que con la finalidad de obtener algún provecho o utilidad y abusando de sus funciones ordene o ejecute en daño de alguna persona un acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de Ley, será castigado con prisión de seis meses a dos años.

Artículo 70. Cualquier funcionario público que, al intervenir por razón de su cargo en la celebración de algún contrato, concesión, licitación pública o privada, en la liquidación de haberes o efectos del patrimonio público o en el suministro de los mismos, se concierte con los interesados o intermediarios para que se produzca determinado resultado, o utilice cualquier maniobra o artificio conducentes a ese fin, será penado con prisión de dos a cinco años. Si el delito tuvo por objeto obtener dinero, dádivas o ganancias indebidas que se le dieren u ofrecieren a él o a un tercero, será penado con prisión de dos a seis años y multa de hasta el cincuenta por ciento del beneficio dado o prometido.

Con las mismas penas será castigado quien se acuerde con los funcionarios y quien diere o prometiere el dinero, ganancia o dádivas indebidos a que se refiere este Artículo.

Artículo 71. Serán penados:

1. Con prisión de dos a diez años, el funcionario público o cualquier persona que haya obtenido ventaja económica o alguna ganancia en la adquisición, enajenación y gravamen de bienes o servicios en los que está interesada la administración pública, por pago de precios superiores o inferiores, según el caso, al valor real o al corriente en el mercado.

2. Con prisión de dos a diez años, los representantes, administradores o principales de personas naturales o jurídicas que, por actos simulados o fraudulentos, se aprovechen o distraigan de cualquier forma, en beneficio propio o de terceros, el dinero, valores u otros bienes que sus administrados y representados hubieren recibido de cualquier organismo público por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación, siempre que resulte lesionado el Patrimonio Público.

3. Con prisión de dos a diez años, el funcionario público o cualquier persona que haya obtenido ventaja económica como consecuencia de declaraciones falsas acerca de la ejecución de edificaciones, construcciones, instalaciones u obras en general que hubieren contratado los organismos públicos, o sobre la cantidad, calidad u otra característica de bienes suministrados o recibidos por dichos organismos sin perjuicio de la responsabilidad que competa al funcionario que formule las declaraciones o certificaciones falsas.

4. Con prisión de uno a cinco años, al funcionario público o a cualquier persona a cuyo patrimonio aparezcan incorporados bienes o valores del Patrimonio Público, sin que para la respectiva incorporación se haya dado cumplimiento a las formalidades previstas en la Ley, o que, habiendo cumplido dichas formalidades, no se hubiere entregado previamente al Fisco Nacional, Estatal o Municipal, o a los entes que de ellos dependan, la contraprestación que se haya fijado o pactado.

5. Con prisión de uno a cinco años, al funcionario público o a cualquier persona que utilice en obras o servicios de índole particular, para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, a trabajadores, vehículos, maquinarias o materiales que por cualquier título estén afectados o destinados a un organismo público.

6. Con prisión de uno a cinco años, a los comisarios, administradores y directores o principales de personas jurídicas en que tenga interés algún organismo público que, a falta de balance legalmente aprobado, en disconformidad con el o con base a balances insinceros, declaren, cobren o paguen utilidades ficticias.

Artículo 72. El funcionario público que en forma indebida, directamente o por interpuesta persona, con aprovechamiento de las funciones que ejerce o usando las influencias derivadas de las mismas, hubiere obtenido ventaja o beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con prisión de dos a cuatro años.

Igual pena se aplicará al funcionario público o a cualquier persona que, en beneficio propio o de otro, haga uso indebido de la influencia o ascendencia que pudiera tener sobre algún funcionario público para que éste ordene o ejecute algún acto propio de sus funciones, o para que lo omita, retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellas impongan. El funcionario que actúe bajo estas condiciones será castigado con igual pena, excepto si concurren en circunstancias previstas en el Artículo 67 de esta Ley, caso en el cual se aplicará la sanción que en dicho Artículo se indica.

Artículo 73. Cualquier persona que maliciosamente falseare u ocultare los datos contenidos o que deba contener su declaración jurada de patrimonio, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez mil a cincuenta mil bolívares.

Artículo 74. El médico o cualquier otro profesional de la salud que expida una certificación falsa, destinada a dar fe ante la autoridad o ante particulares, de enfermedades de personas amparadas por el Seguro Social Obligatorio o extienda certificado de reposo o de reclusión en clínica, instituto hospitalario o local ad-hoc a persona sana, será penado con prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena se castigará a quien forjare tales certificaciones o altere alguna regularmente extendida; a quien hiciere uso de ellas, o a quien diere o prometiere dinero u otra recompensa para obtenerlas. Si el hecho se cometiere mediante recompensa para sí o para otro, la pena se aumentará en una tercera parte.

Artículo 75. El funcionario público que en forma gratuita o mediante recompensa o cualquier, otra dádiva para sí o para otro, haya expedido indebidamente licencias, certificaciones, pasaportes, visas, permisos de residencia o cualquier otro documento destinado a hacerlos valer ante la autoridad o ante los particulares, será penado con prisión de uno a cinco años. Con la misma pena serán castigados quienes hicieren uso de los documentos indebidamente expedidos.

Artículo 76. El funcionario público o cualquier otra persona que maliciosamente ocultare, inutilizare, alterare, retuviere o destruyere, total o parcialmente, un libro o cualquier otro documento que curse ante cualquier organismo público, será penado con prisión de tres a siete años.

Artículo 77. La persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionario público reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el logro de favores, será penado con prisión de dos a siete años; y con prisión de seis meses a dos años, a quien dé o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este Artículo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciación del correspondiente proceso judicial.

Artículo 78. Serán penados con promisión de tres meses a un año los funcionarios públicos que:

1. Por sí o por interpuesta persona se procuren alguna utilidad, ventaja o beneficio económico con ocasión de las faltas administrativas previstas en los ordinales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Artículo 41 de esta Ley.

2. Ordenen pagos por obras o servicios no realizados o defectuosamente ejecutados.

3. Certifiquen terminaciones de obras o prestación de servicios inexistentes o de calidades o cantidades inferiores a las contratadas, sin dejar constancia de estos hechos.

Artículo 79. El funcionario público que abra cuenta bancaria a su nombre o al de un tercero utilizando fondos públicos, aun sin ánimo de apropiárselos, o deposite dichos fondos en cuenta particular ya abierta, o aquel que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias entidades bancarias mantenga el organismo o ente confiado a su manejo, administración o giro, será penado con prisión de seis meses a dos años.

Artículo 80. Los particulares y funcionarios públicos que falsa o maliciosamente denunciaren o acusaren a una persona o funcionario de la comisión de alguno o algunos de los hechos punibles previstos en la presente Ley, será castigados con pena de prisión de uno a tres años.

TITULO VII

Del Enjuiciamiento

CAPITULO I

De la Jurisdicción

Artículo 81. Se crea la jurisdicción especial de Salvaguarda del Patrimonio Público, integrada por los Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público y por los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, que ejercerán las funciones de juzgados de primera instancia en esta materia, conforme lo determine el Ejecutivo Nacional.

Artículo 82. Los Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público, con sede en Caracas y jurisdicción en todo el territorio de la República, serán los competentes:

1. Para instruir, conocer y decidir en primera instancia los juicios que se sigan contra los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Ministros del Ejecutivo Nacional; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el Fiscal General de la República; el Contralor General de la República; los Miembros del Consejo Supremo Electoral; los miembros del Consejo de la Judicatura; los Gobernadores de Estado; los Jueces Superiores; los Jefes de Misiones Diplomáticas de Venezuela en el extranjero; Directores de Ministerios y Presidentes y Miembros de los Directorios de los Institutos Autónomos y Empresas del Estado, por los delitos previstos en esta Ley, aunque hayan incurrido en ellos durante el ejercicio de otro cargo, así fuere de jerarquía inferior.

2. Para conocer y decidir las apelaciones y los recursos de hecho que se interpongan contra las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia.

Parágrafo Primero. La competencia de los Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público para conocer de los juicios a que se refiere en el ordinal 1 de este Artículo, subsiste aun después que el funcionario haya cesado en su cargo, siempre que el delito que se le impute hubiere sido cometido durante el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo Segundo. Las sentencias de los Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público no tendrán recurso de casación.

Artículo 83. Los Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público estarán integrados por tres Jueces designados por la Corte Suprema de Justicia en pleno, y se organizarán y funcionarán en la forma establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 84. Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal competentes en la materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, instruirán, conocerán y decidirán en primera instancia los juicios a que se refiere la presente Ley, con la excepción de aquellos previstos en el ordinal 1 del artículo 82 ejusdem.

Artículo 85. Tanto los Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público como los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal competentes en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público serán instructores directos en los procesos cuyo conocimiento les competa, estándoles prohibido delegar esta función, salvo cuando se trate de citaciones y notificaciones, evacuación de pruebas y práctica de medidas preventivas y de ejecución. En estos últimos casos, podrán librar rogatorias, exhortos y comisiones a cualquier otro Juzgado de la República o del extranjero, según corresponda.

CAPITULO II

Del Procedimiento

Artículo 86. En los juicios que se sigan por la comisión de delitos previstos en esta Ley y en aquellos para determinar la responsabilidad civil por hecho ilícito los Tribunales se regirán por las disposiciones del presente Capítulo y, en su defecto, por el Código de Enjuiciamiento Criminal con excepción de las disposiciones contenidas en el Libro III, Título III, Capítulo III, y en el Artículo 3, numeral 2 de dicho Código, los cuales no se aplicarán en ningún caso.

Artículo 87. El antejuicio de mérito previsto en el ordinal 2 del Artículo 215 de la Constitución, se regirá por el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

No se requerirá el antejuicio de mérito cuando el enjuiciado haya cesado en el ejercicio del cargo o haya perdido la inmunidad.

Artículo 88. Cuando no conste el lugar de la comisión del delito o cuando fuere cometido en el extranjero, será competente el Juzgado de Primera Instancia que ejerce jurisdicción sobre el territorio donde el agente desempeñó el último cargo o donde ejecutó el contrato, o donde cumplió la gestión o mandato, o donde tenga su domicilio o sede el organismo público o la empresa al cual prestó sus servicios.

Artículo 89. Cuando aparecieren como agentes principales, cómplices o cooperadores alguno de los funcionarios públicos indicados en el Artículo 82 y, sumultáneamente, funcionarios públicos o particulares que deban ser enjuiciados por Tribunales de Primera Instancia, por infracciones previstas en la presente Ley, el conocimiento de la causa, respecto de todos ellos, corresponderá al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. Si se tratare de sujetos distintos a los indicados en el Artículo 82, que concurrieren en la perpetración de hechos que deban ser juzgados por diferentes Tribunales de Primera Instancia, conocerá respecto de todos el que tenga competencia territorial en el lugar donde se hubiere cometido el hecho más grave. Si todos los hechos fueren de la misma entidad, será competente para conocer el Tribunal que primero se hubiere abocado.

Artículo 90. Cuando hubiere concurrencia de delitos, bastará que uno de ellos sea de los previstos en esta Ley para que la competencia corresponda exclusivamente a los tribunales con competencia en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Artículo 91. La formación del sumario y la prosecución del Juicio, no se suspenderán por el hecho de que no se hubiere logrado la detención del indiciado o por su falta de comparecencia después de habérsele citado. En estos casos, se le juzgará en ausencia, continuándose las averiguaciones hasta la conclusión del sumado y apertura del juicio plenario.

Se observará el mismo procedimiento en caso de fuga del detenido.

Artículo 92. Transcurridos diez días desde la fecha del auto de detención sin que hubiere logrado la detención del indiciado, el Tribunal le nombrará de oficio un defensor provisorio. Este defensor podrá interponer todos los recursos que sean procedentes contra el auto de detención. A el se le harán las notificaciones, que deberían hacérsele a su defendido.

Parágrafo Unico. El lapso de apelación del auto de detención se contará a partir de la aceptación del defensor provisorio.

Artículo 93. Si el indiciado no fuere detenido, el tribunal declarará terminado el sumario dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el auto de detención quede definitivamente firme, salvo que haya todavía diligencias por practicar.

Artículo 94. Terminado el sumario, el tribunal ordenará citar al indiciado ausente por medio de un cartel que se publicará en un periódico local y en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA VENEZUELA y se fijará a las puertas del tribunal y del edificio Sede del Concejo Municipal de la jurisdicción, concediéndosele treinta días continuos, contados desde la publicación, para que comparezca. Transcurrido este lapso sin que haya comparecido personalmente, se le nombrará defensor definitivo y el juicio continuará su curso.

Artículo 95. El Fiscal del Ministerio Público, en capítulo separado del escrito de cargos, propondrá la acción civil que corresponda para que sean reparados los daños, efectuadas las restituciones, indemnizados los perjuicios o pagados los intereses que los actos delictivos imputados al enjuiciado hubieren causado al Patrimonio Público, observándose al respecto los requisitos establecidos en el Artículo 237 del Código de Procedimiento Civil.

Los intereses se causarán desde la fecha de la comisión del acto de enriquecimiento ilícito contra el Patrimonio Público o desde el inicio de dicho acto, si fuere de ejecución continuada, y se calcularán conforme a la tasa o rata que fije el Reglamento de la Ley, pero, en ningún caso, será inferior al doce por ciento anual.

Artículo 96. En el mismo acto se opondrán todas las excepciones establecidas en los artículos 227 y 228 del Código de Enjuicia Criminal y las indicadas en los artículos 248 y 257 del Código de Procedimiento Civil, conjuntamente con todas las defensas de fondo, en cuanto fueren procedentes; pero, en ningún caso, se abrirán articulaciones para decidir excepciones o cuestiones de previo pronunciamiento, pues todas quedarán pendientes para ser decididas en la definitiva.

Las excepciones o cuestiones previas se contestarán por la parte a quien corresponda, en la misma audiencia en que fueren opuestas o en la siguiente.

Artículo 97. Ningún procedimiento administrativo de cualquier otra naturaleza impedirá el ejercicio de la acción penal y de la que de ella se derive.

Artículo 98. El mismo día en que sean contestados los cargos o queden contestadas las excepciones dilatorias o de inadmisibilidad opuestas, se entenderá abierto, sin necesidad de decreto previo ni de notificación alguna, un lapso de treinta audiencias para promover y evacuar las pruebas que el Ministerio Público, el encausado o el juez consideren convenientes: experticias e inspecciones oculares, documentos públicos o privados, declaraciones de testigos, facultativos y peritos y demás medios de pruebas previstos en las leyes y códigos vigentes, así como también fotografías y grabaciones, a juicio del juez.

El lapso de pruebas aquí previsto se dividirá, de conformidad con lo que sobre la materia establece el Código de Procedimiento Civil, en dos períodos precisos: el primero, para que durante él se promuevan las pruebas; y el segundo, para que se evacúen con toda diligencia, salvo las pruebas de testigos, informes de peritos y facultativos, quienes rendirán sus declaraciones en los debates del juicio oral.

Artículo 99. En la audiencia siguiente al vencimiento del término probatorio, el Tribunal con competencia en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público fijará el día y hora en que comenzará el juicio oral, el cual se regirá por las disposiciones relativas a los juicios correccionales establecidas en el Capítulo X del Título III que comprende los artículos 412-A y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Parágrafo Unico. Bajo ningún respecto las audiencias del juicio oral serán secretas.

Artículo 100. Se considera de orden público la obligación de restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios inferidos al Patrimonio Público, por quienes resultaren responsables de las infracciones previstas en esta Ley. A estos efectos, el tribunal practicará, aun de oficio, las diligencias conducentes a la determinación de la responsabilidad civil de quienes aparecieren como copartícipes en el delito. En la sentencia definitiva, el Juez se pronunciará sobre la responsabilidad civil del o de los enjuiciados. Si en el expediente no estuviere determinada la cuantía del daño, reparación, restitución o indemnización que corresponda, la sentencia ordenará proceder con arreglo a lo establecido en el Artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 101. Contra las sentencias definitivas y contra las interlocutorias con fuerza de definitivas de los tribunales con competencia en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, se oirá apelación en la forma a siguiente:

1. De las decisiones que en primera instancia dicten los Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público, para ante la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

2. De las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal con competencia en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público.

TITULO VIII

Disposiciones Finales

Artículo 102. Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas de la presente Ley, prescribirán por cinco años, los cuales se contarán siguiendo las reglas establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función y si se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partir del momento en que éste hubiere cesado o haya sido allanada.

Artículo 103. Las medidas de privación de la libertad contempladas en la presente Le, serán de cumplimiento efectivo, aún las meramente preventivas y las que resultaren por conversión. En consecuencia, quienes resultaren enjuiciados por los delitos que en Ley se establecen y los que les fueren conexos, no disfrutarán del beneficio de libertad provisional, o sea bajo fianza de cárcel segura establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal, ni de los previstos en la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, ni de los contemplados en la Ley de Régimen Penitenciario que se refieran a la libertad condicional o vigilada.

Artículo 104. Sin perjuicio de las reparaciones, restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, la aplicación de las penas principales de prisión y de prisión y multa, aparejan también la de pérdida de los instrumentos con los cuales se hubiere cometido el hecho punible y de los efectos que de él provengan; la inhabilitación política por el tiempo que dure la condena; el pago de las costas procesales y, una vez cesada la condena y por un tiempo igual al de ésta, la inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas.

Artículo 105. Al culpable de dos o más delitos, sea que merezcan pena de prisión o de prisión y multa, sea que los hubiere cometido con una o varias acciones, se le aplicará la pena mayor y acumulativamente la mitad del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros delitos.

Artículo 106. Cuando, a juicio del tribunal competente en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, la pena de multa no pudiere ser satisfecha, se convertirá en pena de prisión o razón de un día de ésta por cada mil bolívares (Bs. 1.000,00) de multa. Igual regla se aplicará para el pago de las costas procesales.

En los casos referidos en el presente Artículo, no se aplicarán las limitaciones que sobre conversión de las penas establece el Título IV del Libro I del Código Penal.

Artículo 107. Los organismos sujetos a la presente Ley deberán remitir anualmente, dentro de los primeros ciento veinte días de cada año, la nómina de su personal a la Oficina Central de Personal de la Presidencia de la República.

Los gastos por concepto de Personal deben aparecer registrados detalladamente en dicha nómina, de conformidad con los lineamientos técnicos que determine la Oficina Central de Personal. La nómina deberá abarcar tanto a los funcionarios como al personal contratado.

Artículo 108. Las disposiciones de los Códigos Penal, Civil, de Enjuiciamiento Criminal, y de Procedimiento Civil se aplicarán supletoriamente en cuanto no colidan con la presente Ley.

Artículo 109. Se derogan la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos del 7 de junio de 1912, la Ley contra el Enriquecimiento ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos de fecha 30 de marzo de 1974, y los artículos 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 233, 236 y el ordinal 5 del Artículo 466 del Código Penal.

Disposiciones Transitorias

Artículo 110. La presente Ley entrará en vigencia el 1 de abril de 1983.

Antes de dicha fecha se crearán el o los Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público, se designarán sus miembros y se determinarán los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal que tendrán competencia en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 81 y 83 de esta Ley.

Artículo 111. Los expedientes, archivos, documentos y bienes adscritos a la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos pasarán previo inventario, a la Contraloría General de la República.

Artículo 112. Las personas indicadas en el Artículo 2 de esta Ley, deberán, dentro del plazo de sesenta días continuos, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, presentar declaración jurada de patrimonio a la Contraloría General de la República, si no la hubieren consignado con anterioridad en la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos.

Artículo 113. La Contraloría General de la República, antes del 1 de abril de 1983, establecerá los Procedimientos y adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones que se le atribuyen.

Artículo 114. Las prestaciones sociales e indemnizaciones que, de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa, le corresponden a los funcionarios o empleados que, tanto en su sede central como en las delegaciones estatales, han venido prestando servicios en la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos, les serán pagadas por órgano del Ministerio de Justicia.

Artículo 115. Los tribunales penales que para el momento de la entrada en vigencia de esta Ley estuvieren conociendo de juicios por la comisión de delitos contra la cosa pública, seguirán conociendo los que fueren de su competencia de acuerdo con esta Ley; en caso contrario, los remitirán al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. De igual manera deberán proceder los tribunales civiles que estuvieren conociendo de juicios originados por la comisión de hechos ilícitos que hayan lesionado el Patrimonio Público.

Artículo 116. Los procesos por delito contra la cosa pública actualmente en curso en los tribunales, se seguirán tramitando conforme a lo dispuesto en las leyes y códigos vigentes para el momento de la iniciación del juicio, con excepción de las normas de procedimiento establecidas en la presente Ley, las cuales se aplicarán desde su vigencia; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo, de conformidad con la Ley de Procedimiento Vigente para la fecha en que dichas pruebas fueron promovidas.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. Año 172 de la Independencia y 123 de la Federación.

El Presidente,

(L.S.)

GODOFREDO GONZALEZ

El Vicepresidente, ARMANDO SANCHEZ BUENO

Los Secretarios, José Rafael García, Héctor Carpio Castillo.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciocho días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. Año 172 de la Independencia y 123 de la Federación.

Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público

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