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    Código Orgánico Tributario

    por | Ago 24, 2017 | Archivo 1999-2005, Derecho Tributario, Legislación Tributaria | 0 Comentarios

    Código Orgánico Tributario

    Gaceta Oficial Nº 4727 – Decreto-Ley del  27 de Mayo de 1994.

    TITULO I

    DISPOSICIONES PRELIMINARES

    Capítulo I

    Normas Tributarias

    Artículo 1º Las disposiciones del presente Código Orgánico son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos.

    Para los tributos aduaneros este Código se aplicará en lo atinente a los medios de extinción de las obligaciones, para los recursos administrativos y jurisdiccionales, la determinación de intereses y lo referente a las normas para la administración de tales tributos que se indican en este Código: para los demás efectos se aplicará con carácter supletorio.

    También son aplicables a las obligaciones legales de índole pecuniaria establecidas a favor de personas de derecho público no estatales, siempre que no existan disposiciones especiales.

    Las normas de este Código regirán igualmente, con carácter supletorio y en cuanto sean aplicables, a los tributos de los Estados y Municipios.

    Artículo 2º Constituyen fuentes del derecho tributario:

    1º. Las disposiciones constitucionales

    2º. Los tratados. convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República .

    3º Las leyes y los actos con fuerza de ley.

    4º Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto.

    Artículo 3º Las órdenes e instrucciones internas impartidas por los órganos administrativos a sus subordinados jerárquicos no son de obligatoria observancia para los contribuyentes y los responsables.

    Artículo 4º Sólo a la ley corresponde regular con sujeción a las normas generales de este Código, las siguientes materias:

    1º Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo;

    2º Otorgar exenciones y rebajas de impuesto;

    3º Autorizar al Ejecutivo Nacional para conceder exoneraciones y otros beneficios o incentivos fiscales; y

    4º Las demás materias que les sean remitidas por este Código.

    Parágrafo Primero : En ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo así como las demás materias señaladas como de reserva legal por este artículo, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Parágrafo Segundo de este artículo. No obstante, cuando se trate de impuestos generales o específicos al consumo, a la producción o a las ventas, así como cuando se trate de tasas previstas en leyes, la ley creadora del tributo correspondiente podrá autorizar para que anualmente en la Ley de Presupuesto, se proceda a fijar la alícuota del impuesto entre el límite inferior y el máximo que en ella se establezca.

    Parágrafo Segundo : Por su carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética, la Administración Tributaria reajustará el valor de la Unidad Tributaria de acuerdo con lo dispuesto en este Código.

    Artículo 5º En materia de exoneraciones, desgrávameles, rebajas y demás beneficios fiscales, la ley determinará los requisitos o condiciones esenciales para su procedencia, a los fines de evitar en lo posible la discrecionalidad del funcionario cuando fueren otorgadas.

    Artículo 6º Las normas Tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en aquéllas.

    La disposición precedente es también aplicable a las exenciones, exoneraciones y otros beneficios.

    Artículo 7º La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, ni exenciones, exoneraciones u otros beneficios, como tampoco tipificar infracciones ni establecer sanciones.

    Artículo 8º En las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las leyes especiales sobre la materia, se aplicarán supletoriamente y en orden de prelación, las normas tributarias análogas, los principios generales de derecho tributario y los de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines, salvo disposición especial de este Código.

    Artículo 9º Las leyes tributarias regirán a partir del vencimiento del término previo a su aplicación, que ellas deberán fijar. Si no lo establecieran, se aplicarán vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su promulgación.

    Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde que la ley entre en vigencia, aunque los procedimientos se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.

    Las normas que supriman o reduzcan sanciones tributarias se aplicarán con efectos retroactivos cuando favorezcan al infractor.

    Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo.

    Artículo 10º Las reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter general, se aplicarán desde la fecha de su publicación oficial o desde la fecha posterior que ellas mismas indiquen. Cuando deban ser cumplidas exclusivamente por los funcionarios, se aplicarán desde la fecha antes mencionada o de su notificación a éstos.

    Artículo 11º Los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera

    1º Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo. El lapso que deba cumplirse en un día de que carezca

    el mes, se entenderá vencido el ultimo día de ese mes.

    2º Los plazos establecidos por días se contarán por días hábiles, salvo que la ley disponga que sean continuos.

    3º En todos los casos los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la administración, se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.

    Parágrafo Unico : Se consideran inhábiles tanto los días declarados feriados conforme a disposiciones legales, como aquellos en los cuales la respectiva

    oficina administrativa no hubiere estado abierta al público, lo que deberá comprobar el contribuyente por los medios que determine la ley.

    Artículo 12º Las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crearlas.

    Las leyes tributarias podrán crear tributos sobre hechos imponibles ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional, cuando el contribuyente tenga la nacionalidad venezolana o esté domiciliado en Venezuela. En estos casos, la ley procurará conciliar los efectos de tales disposiciones con la conveniencia de evitar la doble tributación.

    Capítulo II

    Impuestos, Contribuciones y Tasas

    Artículo 13º Están sometidos al imperio de este Código, los impuestos, las tasas, las contribuciones de mejoras, de seguridad social y las demás contribuciones especiales , salvo lo dispuesto en el Artículo 1°.

    TITULO II

    OBLIGACION TRIBUTARIA

    Capítulo I

    Disposiciones Generales

    Artículo 14º La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del Poder Público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el

    presupuesto de hecho previsto en la ley. Constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales.

    Artículo 15º Los convenios referentes a la aplicación de las normas en la materia tributaria celebrados entre particulares no son oponibles al fisco, salvo

    en los casos autorizados por la ley.

    Artículo 16º La obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido, ni por

    los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas, siempre que se hubiesen producido los resultados que constituyen el

    presupuesto de hecho de la obligación.

    Artículo 17º En todo lo no previsto en este Título, la obligación tributaria se regirá por el derecho común, en cuanto sea aplicable.

    Capítulo II

    Sujeto Activo

    Artículo 18º Es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo.

    Capítulo III

    Sujeto Pasivo

    Sección Primera

    Disposiciones Generales

    Artículo 19º Es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable.

    Artículo 20º Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique el mismo hecho imponible. En los demás casos la solidaridad debe ser expresamente establecida en la ley.

    Artículo 21º Los efectos de la solidaridad son los mismos establecidos en el Código Civil, salvo lo dispuesto en los numerales siguientes:

    1º El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados, no libera a los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros

    obligados lo cumplan.

    2º La remisión o exoneración de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este último caso el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento de los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado.

    3º No es válida la renuncia a la solidaridad.

    4º La interrupción de la prescripción en contra de uno de los deudores es oponible a los demás, cuando ella se efectúe dentro del lapso de dos años

    contados a partir del 1° de enero del aro siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.

    Sección Segunda

    Contribuyentes

    Artículo 22º Son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible de la obligación tributaria.

    Dicha condición puede recaer:

    1º En las personas físicas, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.

    2º En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho.

    3º En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional.

    Artículo 23º Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por este Código o por normas

    especiales.

    Artículo 24º Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados o, en su caso, cumplidos por el sucesor a título universal, sin

    perjuicio del beneficio de inventario. Los derechos del contribuyente fallecido trasmitidos al legatario serán ejercidos por éste.

     

    Sección Tercera

    Responsables

    Artículo 25º Responsables son los sujetos pasivos que sin tener el carácter de contribuyentes deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éstos.

    Artículo 26º Son responsables solidarios por los tributos derivados de los bienes que administren o dispongan:

    1º Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces;

    2º Los directores, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida;

    3º Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personalidad jurídica.

    4º Los mandatarios, respecto de los bienes que administren o

    5º Los síndicos y liquidadores de las quiebras y los liquidadores de sociedades.

    Parágrafo Unicoº La responsabilidad establecida en este artículo sólo se hará efectiva cuando el responsable hubiese actuado con dolo o culpa grave, y se

    limitará al valor de los bienes que se administren o dispongan

    Artículo 27º Son responsables solidarios, los adquirientes de fondos de comercio y demás sucesores a título particular de empresas o entes colectivos

    con personalidad jurídica o sin ella. A estos efectos, se consideran sucesores a los socios y accionistas de las sociedades liquidadas. La responsabilidad de los

    sucesores estará limitada al valor de los bienes que reciban, a menos que hubiesen actuado con dolo o culpa grave. Esta responsabilidad cesará a los seis

    (6) meses de comunicada la operación a la autoridad tributaria correspondiente, y no se hará efectiva si el sucesor no pudo conocer oportunamente la obligación.

    Artículo 28º Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas designadas por la ley o por la Administración previa

    autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas, intervengan en actos u operaciones de los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.

    Los agentes de retención o de percepción que lo sean por razón de sus actividades privadas, no tendrán el carácter de funcionarios públicos.

    Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o

    percepción, responderá solidariamente con el contribuyente.

    El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Si el agente enteró a la

    Administración lo retenido el contribuyente podrá solicitar de la Administración Tributaria el reintegro o la compensación correspondiente.

    Artículo 29º El responsable tendrá derecho a reclamar del contribuyente el reintegro de las cantidades que hubiere pagado por el.

    Sección Cuarta

    El Domicilio

    Artículo 30º Se consideran domiciliados en Venezuela para los efectos tributarios:

    1º Las personas naturales que hayan permanecido en el país por un período continuo o discontinuo, de más de ciento ochenta (180) días en un año

    calendario o en el año inmediatamente anterior al del ejercicio al cual corresponda determinar el tributo

    2º Los venezolanos que desempeñen en el exterior funciones de representación o cargos oficiales de la República, de los Estados de los Municipios o de las

    entidades funcionalmente descentralizadas, y que perciban remuneración de cualquiera de estos entes públicos;

    3º Las personas jurídicas constituidas en el país, o que se hayan domiciliado en él, conforme a la ley; y

    4º Las personas naturales o jurídicas constituidas o domiciliadas en el exterior que mantengan en el país un establecimiento permanente, respecto a las

    operaciones que efectúen en Venezuela.

    Parágrafo Unico.. Cuando las leyes tributarias establezcan disposiciones relativas a la residencia del contribuyente o responsable, se entenderá como tal

    el domicilio, según lo dispuesto en este artículo.

    Artículo 31º A los efectos tributarios se tendrá como domicilio de Ias personas naturales en Venezuela:

    1º El lugar de su residencia.

    2º El lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales, en caso de no conocerse su residencia.

    3º El lugar donde ocurra el hecho imponible, en caso de no poder aplicarse las reglas precedentes.

    4º El que elija el sujeto activo de la obligación tributaria, en caso de existir más de un domicilio según lo dispuesto en este artículo.

    Artículo 32º A los efectos tributarios se tendrá como domicilio de las personas jurídicas en Venezuela:

    1º El lugar donde esté situada su dirección o administración efectiva.

    2º El lugar donde se halle el centro principal de su actividad, en caso de que no se conozca el de su dirección o administración.

    3º El lugar donde ocurra el hecho imponible, en caso de no poder aplicarse las reglas precedentes.

    4º El que elija el sujeto activo de la obligación tributaria, en caso de existir más de un domicilio según lo dispuesto en este artículo.

    Artículo 33º En cuanto a las personas domiciliadas en el extranjero, regirán las siguientes normas:

    1º Si tienen establecimiento permanente en el país, se aplicarán a éste las disposiciones de los artículos 31 y 32.

    2º En los demás casos, tendrán el domicilio de su representante.

    Artículo 34º Los sujetos pasivos tienen la obligación de informar a la Administración Tributaria, en formulario especial dentro del plazo máximo de un

    mes de producido, los siguientes hechos:

    1º Cambio del o de los apellidos y nombres, razón social o denominación de la entidad;

    2º Cambio del domicilio fiscal;

    3º Cambio de la actividad principal.

    La omisión de efectuar la comunicación de los datos citados en los numerales 1 y 2 de este artículo, hará que se consideren subsistentes y válidos los datos que se informaron con anterioridad, a los efectos jurídicos tributarios.

    Capítulo IV

    Hecho Imponible

    Artículo 35º El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación.

    Artículo 36º Se considera ocurrido el hecho imponible y existentes sus resultados:

    1º En las situaciones de hecho, desde el momento que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzca los efectos que

    normalmente les corresponden.

    2º En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable.

    Artículo 37º Si el hecho imponible estuviere condicionado por la ley o fuere un acto jurídico condicionado, se le considerará realizado:

    1º En el momento de su acaecimiento o celebración, si la condición fuere resolutoria.

    2º Al producirse la condición, si ésta fuere suspensiva. En caso de duda se entenderá que la condición es resolutoria.

    Capítulo V

    Exención

    Artículo 38º La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios comunes:

    1º Pago.

    2º Compensación.

    3º Confusión.

    4º Remisión.

    5º Declaratoria de incobrabilidad.

    6º Prescripción.

    Parágrafo Unicoº Las leyes especiales pueden establecer otros medios de extinción de la obligación tributaria que ellas regulen.

    Sección Primera

    Pago

    Artículo 39º El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. También puede ser efectuado por un tercero, quien se

    subrogará en los derechos. garantías y privilegios del sujeto activo, pero no en las prerrogativas reconocidas al mismo por su condición de ente público.

    Artículo 40º El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que indique la ley o en su defecto la reglamentación.

    La Administración Tributaria podrá establecer plazos para la presentación de declaraciones juradas y pagos de los tributos, con carácter general para determinados grupos de contribuyentes de similares características, cuando razones de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen. A tales efectos, los días

    de diferencia entre los distintos plazos no podrán exceder de cinco (5) días hábiles, y las citadas características deben ser establecidas con carácter

    objetivo.

    Artículo 41º Los pagos a cuenta deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley.

    En los impuestos que se determinen sobre la base de declaraciones juradas, Ia cuantía del pago a cuenta se fijará considerando la norma que establezca la ley del respectivo tributo.

    Artículo 42º La Administración Tributaria y los sujetos pasivos, al cancelar las deudas tributarias por cualesquiera de los medios de extinción de las obligaciones previstos en este Código deberán imputar el pago, en todos los casos, en el siguiente orden de preferencia:

    1º A la deuda por cada uno de los tributos que fuere más antigua y que no estuviera prescrita.

    2º Al concepto de lo adeudado. según sus componentes, en el orden siguiente:

    2.1 Intereses moratorios.

    2.2 Sanciones.

    2.3 Tributo del período correspondiente.

    Artículo 43º Las prórrogas y demás facilidades deben solicitarse antes del vencimiento del plazo para el pago y sólo podrán ser concedidas cuando a juicio

    de la administración se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación. La decisión denegatoria no admitirá recurso alguno.

    Las prórrogas que se concedan causarán los intereses previstos en el artículo 59 sobre las sumas adeudadas.

    Artículo 44º Excepcionalmente. en casos particulares, comprobada la incapacidad económica del contribuyente, y siempre que los derechos del fisco

    queden suficientemente asegurados, la Administración Tributaria podrá conceder fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas, los cuales no podrán exceder de treinta y seis (36) meses. En estos casos seguirán corriendo los intereses moratorios sobre los saldos deudores.

    En caso de incumplimiento de las condiciones y plazos otorgados, la administración podrá dejarlos sin efecto, y exigir el pago inmediato de la

    totalidad de la obligación a la cual ellos se refieren.

    Artículo 45º Existe pago por parte del contribuyente en los casos de percepción o retención en la fuente previstos en el artículo 28.

    Sección Segunda, Compensación

    Artículo 46º La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos, así como de intereses, multas, costas procesales y cualesquiera otros accesorios, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por los más antiguos, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo.

    El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses,

    multas, costas y otros accesorios o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos. En tales casos, la Administración Tributaria deberá

    proceder a verificar la existencia, liquidez y exigibilidad de dicho crédito y a pronunciarse sobre la procedencia o no de la compensación opuesta. Por su parte. la Administración podrá oponer la compensación, frente al contribuyente, responsable o cesionario, a fin de extinguir, bajo las mismas condiciones,

    cualesquiera créditos invocados por ellos. En ambos casos, contra la decisión administrativa procederán los recursos consagrados en este Código.

    Parágrafo Primero : La compensación no será oponible salvo disposición en contrario, en los impuestos indirectos, cuya estructura y traslación prevea la

    figura del denominado crédito fiscal.

    Parágrafo Segundo : En los casos de impuestos indirectos, cuyas normas prevean la devolución del impuesto, por la exportación de bienes muebles o

    prestación de servicios, la compensación sólo será oponible previa autorización de la Administración Tributaria.

    Artículo 47º Los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable por concepto de tributos y sus accesorios, podrán ser cedidos a otros

    contribuyentes o responsables, al solo efecto de ser compensados con deudas tributarias del cesionario con el mismo sujeto activo.

    Sección Tercera

    Comisión

    Artículo 48º La obligación tributaria se extingue por confusión, cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación del deudor, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo. La decisión será tomada mediante resolución por la Administración Tributaria, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

    Sección Cuarta

    Remisión

    Artículo 49º La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada o remitida por ley especial. Las demás obligaciones, así como los intereses y las multas, sólo pueden ser condonadas por dicha ley o por resolución administrativa en la forma y condiciones que esa ley establezca.

    Sección Quinta

    Declaratoria de Incobrabilidad

    Artículo 50º La Administración Tributaria podrá de oficio declarar incobrables las obligaciones tributarias y sus accesorios y multas conexas que se encontraren en algunos de los siguientes casos:

    1º Aquellas cuyo monto no exceda de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), siempre que hubieren transcurrido cinco (5) años contados a partir de la fecha

    en que se hicieron exigibles.

    2º Aquellas cuyos sujetos pasivos hayan fallecido en situación de insolvencia comprobada.

    Parágrafo Unicoº Por razones de economía procedimental, la Administración Tributaria podrá disponer de oficio la no iniciación de la acción de cobranza de

    los créditos tributarios a favor del Fisco, cuando sus respectivos montos no superen la cantidad equivalente a una (1) Unidad Tributaria.

    Sección Sexta

    Prescripción

    Artículo 51º La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.

    Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar

    el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración

    Tributaria no pudo conocer el hecho.

    Artículo 52º Prescribirá a los cuatro (4) años la obligación de la Administración Tributaria de reintegrar lo recibido por pago indebido de tributos y sus

    accesorios.

    Artículo 53º El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquél en que se produjo el hecho imponible.

    Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el periodo respectivo.

    El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquél en que se efectuó el pago indebido.

    Artículo 54º El curso de la prescripción se interrumpe:

    1º Por la declaración del hecho imponible.

    2º Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de notificación o de

    presentación de la liquidación respectiva.

    3º Por el reconocimiento de la obligación por parte del deudor.

    4º Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

    5º Por el acta levantada por funcionario fiscal competente.

    6º Por todo acto administrativo o actuación judicial que se realice para efectuar el cobro de la obligación tributaria ya determinada y de sus accesorios, o para obtener la repetición del pago indebido de los mismos, que haya sido legalmente notificado al deudor.

    Parágrafo Unico : El efecto de la interrupción de la prescripción se contrae al monto, total o parcial, de la obligación tributaria o del pago indebido,

    correspondiente al o los períodos fiscales a que se refiera el acto interruptivo y se extiende de derecho a los respectivos accesorios.

    Artículo 55º El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos, basta sesenta (60) días después de que la

    Administración Tributaria adopte resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos.

    Suspende también el curso de la prescripción, Ia iniciación de los procedimientos previstos en el Titulo V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión, en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir.

    Artículo 56º Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, salvo que el pago se hubiere efectuado bajo reserva

    expresa del derecho a hacerlo valer.

    Capítulo VI

    Transacción

    Artículo 57º La transacción judicial es admisible en cuanto a la determinación de los hechos y no en cuanto al significado de la norma aplicable.

    Artículo 58º El Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Hacienda, podrá autorizar la transacción, previo pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros y oída la opinión del Contralor General de la República.

    La transacción podrá celebrarse sin la opinión del mencionado funcionario, cuando hayan transcurrido tres (3) meses sin haberse recibido su respuesta. No

    será necesario el pronunciamiento del Consejo de Ministros, cuando el asunto sometido a transacción no exceda de un mil unidades tributarias (1.000 U.T). El Consejo de Ministros podrá elevar este límite hasta cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T). El contrato de transacción será otorgado en nombre de

    la República, por el Procurador General de la República.

    Capítulo VII

    Intereses

    Artículo 59º La falta de pago de la obligación tributaria, sanciones y accesorios dentro del término establecido para ello hace surgir, sin necesidad de

    requerimiento previo de la Administración Tributaria, la obligación de pagar intereses de mora desde la fecha de su exigibilidad hasta la extinción total de la

    deuda, equivalentes a la tasa máxima activa bancaria incrementada en tres (3) puntos porcentuales, aplicable. respectivamente, por cada uno de los períodos en que dichas tasas estuvieron vigentes.

    A los efectos indicados, Ia Administración Tributaria, publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, dentro de los primeros cinco (5) días

    hábiles de cada mes, la tasa máxima activa bancaria que haya regido en el mes calendario inmediato anterior, fijada por el Banco Central de Venezuela.

    ….Instructivo del SENIAT sobre el artículo 59 Res 203 del 21/2/96 Go 35.908

    Parágrafo Unicoº En el caso de ajustes provenientes de reparos por tributos cuya determinación corresponda al sujeto pasivo, si éste acepta el reparo o el

    ajuste queda firme en la vía administrativa o jurisdiccional, Ia Administración Tributaria o el Tribunal, al confirmar el reparo, ordenará la actualización

    monetaria de la deuda y el pago de intereses compensatorios del doce por ciento (12%) anual, todo ello contado a partir del vencimiento del plazo

    establecido para efectuar la autoliquidación y pago del tributo. Tanto los intereses compensatorios como la actualización monetaria serán calculados por

    la Administración Tributaria en la oportunidad en que el reparo quede firme según lo ordenado en el acto administrativo o en la sentencia, que confirme total o parcialmente el reparo, calculándose dichos montos hasta la fecha en que se produzca la decisión, según el caso.

    La actualización se calculará ajustando la cantidad adeudada, considerando la diferencia entre el último índice mensual de precios al consumidor en el área

    metropolitana de Caracas que haya publicado el Banco Central de Venezuela, a la fecha de determinación de la actualización, y el índice mensual de precios al consumidor en la misma área que haya publicado dicho Banco y correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de vencimiento general

    fijado para el pago de la obligación tributaria.

    Artículo 60º El artículo anterior es también aplicable a las deudas del Fisco resultantes del pago indebido del tributo y sus accesorios y sanciones.

    En tal caso, los intereses se liquidarán a partir de los sesenta (60) días de la reclamación del contribuyente, o en su caso, de la notificación de la demanda.

    Capitulo VIII

    Privilegios y Garantías

    Artículo 61º Los créditos por tributos gozan de privilegio general sobre todos los bienes del contribuyente o responsable y tendrán prelación sobre los demás

    créditos con excepción de:

    1º Los garantizados con derecho real.

    2º Las pensiones alimenticias, salarios y demás derechos derivados del trabajo y de seguridad social.

    El privilegio sólo alcanza a los tributos correspondientes al año en que se invoque y de los dos años anteriores, y no es extensivo a los intereses ni a las

    sanciones de carácter pecuniario .

    Artículo 62º – Los créditos fiscales de varios sujetos activos contra un mismo deudor. concurrirán a prorrata en el privilegio en proporción a sus respectivos

    montos.

    Artículo 63º Cuando se celebren convenios de facilidades de pago, en cualesquiera de los casos señalados por la ley, Ia Administración Tributaria

    podrá exigir garantías reales o personales.

    Capitulo IX

    Exenciones y Exoneraciones

    Artículo 64º Exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, otorgada por la ley. Exoneración es la dispensa total o parcial de la obligación tributaria, concedida por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por la ley.

    Artículo 65º La ley que autorice al Ejecutivo Nacional para conceder exoneraciones, especificará los tributos que comprenda, los presupuestos necesarios para que proceda y las condiciones a las cuales está sometido el beneficio. La ley podrá facultar al Ejecutivo Nacional para someter la exoneración a determinadas condiciones y requisitos.

    Artículo 66º La ley que autorice al Ejecutivo Nacional para conceder exoneraciones, establecerá el plazo máximo de duración del beneficio. Si no lo fija. el término máximo de la exoneración será de cinco (5) años. Vencido el término de la exoneración, el Ejecutivo Nacional podrá renovarla hasta por el plazo máximo fijado en la ley o en este artículo.

    Parágrafo Unico : No obstante, las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro, podrán ser por tiempo indefinido.

    Artículo 67º Las exoneraciones serán concedidas con carácter general, en favor de todos los que se encuentren en los presupuestos y condiciones

    establecidos en la ley o fijados por el Ejecutivo Nacional.

    Artículo 68º Las exenciones y exoneraciones pueden ser derogadas o modificadas por ley posterior, aunque estuvieren fundadas en determinadas condiciones de hecho. Sin embargo, cuando tuvieren plazo cierto de duración, los beneficios en curso se mantendrán por el resto de dicho término, pero en

    ningún caso por más de cinco (5) años a partir de la derogatoria o modificación

    Artículo 69º Las rebajas de tributos se regirán por las normas de este Capitulo en cuanto les sean aplicables.

    TITULO lll

    INFRACCIONES Y SANCIONES

    Capitulo I

    Parte General

    Sección Primera

    Disposiciones Generales

    Artículo 70º Las normas tributarias punitivas tendrán efecto retroactivo cuando supriman hechos punibles o infracciones legales o establezcan sanciones más

    benignas.

    Artículo 71º Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las infracciones y sanciones tributarias, con excepción de las relativas a las normas

    sobre infracciones y sanciones de carácter penal en materia aduanera, Ias cuales se tipificarán y aplicarán de conformidad con las leyes respectivas.

    A falta de disposiciones especiales de este Artículo, se aplicarán supletoriamente los principios y normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines del Derecho Tributario.

    Parágrafo Unico: Las infracciones tipificadas en las Secciones Tercera y Cuarta del Capítulo n de este Título serán sancionadas conforme a sus disposiciones.

     

    Sección Segunda

    Infracciones

    Artículo 72º La acción u omisión violatoria de normas tributarias, es punible conforme a este Código.

    Artículo 73º Las infracciones tributarias pueden ser dolosas o culposas.

    Las presunciones sobre intención o culpa establecidas en este Código admiten prueba en contrario. Ellas se refieren al conocimiento por parte del infractor de los fines y resultados de su acción u omisión.

    Artículo 74º Cuando concurran dos o más infracciones tributarias sancionadas con penas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras penas. De igual manera se procederá cuando haya concurrencia de un delito tributario sancionado con pena privativa de la libertad y de delito común.

    Cuando concurran dos o más infracciones tributarias sancionadas con penas pecuniarias y una pena privativa de la libertad, se aplicarán conjuntamente las

    sanciones pecuniarias y la privativa de la libertad.

    Artículo 75º Habrá reincidencia cuando el imputado después de una sentencia o resolución firme sancionatoria, cometiere una o varias infracciones tributarias de la misma o de diferente índole durante los cinco (5) años contados a partir de aquellas

    Habrá reiteración cuando el imputado cometiere una nueva infracción de la misma índole dentro del término de cinco (5) años después de la anterior, sin

    que mediare condena por sentencia o resolución firme..

    Artículo 76º Son causas de extinción de las acciones por infracciones tributarias:

    1º . La muerte del actor o infractor extingue la acción punitiva, pero no extingue la acción contra los coautores, cómplices o encubridores. No obstante subsistirá la responsabilidad por las multas aplicadas que hubieren quedado firmes en vida del causante.

    2º La amnistía.

    3º La prescripción.

    4º Las demás causas de extinción de la acción tributaria conforme a este Código

    .

    Artículo 77º Las sanciones tributarias prescriben:

    1 º Por cuatro (4) años contados desde el 1º, de enero del año siguiente a aquél en que se cometió la infracción.

    2º Por dos (2) años contados desde el 1º, de enero del año siguiente a aquél en que la Administración Tributaria tuvo conocimiento de la infracción, cuando

    dicho conocimiento sea probado fehacientemente por el infractor.

    La comisión de nuevas infracciones de la misma índole, interrumpe la prescripción. En este caso el nuevo término se contará desde el 1° de enero del

    año siguiente a aquel en que se cometió la nueva infracción.

    La averiguación administrativa o la instrucción del sumario, suspende la prescripción por el término de seis (6) meses contados desde la citación del

    imputado.

    Sección Tercera

    Responsabilidad

    Artículo 78º Son responsables personalmente de las infracciones y delitos tributarios los autores, coautores, cómplices y encubridores.

    Artículo 79. Son circunstancias que eximen de responsabilidad penal tributaria:

    a) El hecho de no haber cumplido 18 años, y la incapacidad mental debidamente comprobada.

    b) El caso fortuito y la fuerza mayor.

    c) El error de hecho y de derecho excusable.

    d) La obediencia legítima y debida.

    e) Cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicables a las infracciones tributarias.

    Artículo 80º Se aplicará la misma sanción que al autor principal de la infracción, sin perjuicio de la graduación de la pena que corresponda:

    1º A los que tomaren parte en la ejecución de la infracción.

    2º A los que prestasen al autor un auxilio o cooperación sin los cuales la infracción no habría podido cometerse.

    3º A los que induzcan directamente a otro a cometer la infracción. Se aplicará la sanción correspondiente a la infracción, disminuida de dos terceras partes a la mitad:

    a) A los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución de la infracción o presten una ayuda posterior cumpliendo promesa anterior a la comisión de la

    infracción.

    b) A los que sin promesa anterior al delito y después de la ejecución de éste, adquieran, tengan en su poder, oculten, vendan o colaboren en la venta de

    bienes respecto a los cuales sepan o deban saber que se ha cometido una infracción.

    Artículo 81º Las personas jurídicas responden por infracciones y delitos tributarios. Cuando la comisión de un delito sea imputable a una persona jurídica, la pena de prisión corresponderá a los directores, gerentes, administradores o representantes que hayan personalmente participado en la ejecución del hecho

    Artículo 82º Cuando un mandatario, representante, administrador, encargado o dependiente incurriere en infracción en ejercicio de sus funciones, los

    representados o principales serán responsables por las sanciones pecuniarias, sin perjuicio de su acción de reembolso contra aquellos.

    Artículo 83º Los autores, coautores, cómplices y encubridores, responden solidariamente por las costas procesales. Esta responsabilidad es independiente

    del pago solidario de las obligaciones tributarias.

    Sección Cuarta

    Sanciones

    Artículo 84º Las penas deberán ser impuestas por los órganos competentes con sujeción a los procedimientos establecidos en este Código.

    La pena privativa de la libertad sólo podrá ser aplicada por los órganos judiciales competentes.

    Artículo 85º Son circunstancias agravantes:

    1º La reincidencia y la reiteración.

    2º La condición de funcionario o empleado público.

    3º La gravedad del perjuicio fiscal.

    4º La gravedad de la infracción.

    5º La resistencia o reticencia del infractor para esclarecer los hechos.

    Son atenuantes:

    1º El estado mental del infractor que no excluya totalmente su responsabilidad.

    2º No haber tenido la intención de causar el hecho imputado de tanta gravedad.

    3º La presentación o declaración espontánea para regularizar el crédito tributario. No se reputará espontánea la presentación o declaración, motivada

    por una fiscalización por los organismos competentes.

    4º No haber cometido el indiciado ninguna violación de normas tributarias durante los tres (3) años anteriores a aquél en que se cometió la infracción

    5º Las demás atenuantes que resultaren de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales, a juicio de los juzgadores.

    En el proceso se apreciará el grado de la culpa, para agravar o atenuar la pena, e igualmente y a los mismos efectos, el grado de cultura del infractor.

    Artículo 86º Los órganos jurisdiccionales podrán resolver la suspensión condicional de la pena privativa de la libertad cuando se trate de infractores no

    reincidentes, y atendiendo a las circunstancias del caso.

    La suspensión de la pena quedará sin efecto en caso de reincidencia.

    Artículo 87º Las sanciones pecuniarias no son convertibles en penas privativas de la libertad sino que se harán efectivas como obligaciones civiles.

    Artículo 88º Si no fuere posible el comiso por no poder aprehenderse las mercancías u objetos, será reemplazado por multa equivalente al valor de éstos.

    Cuando a juicio del órgano que aplica la sanción, exista una diferencia apreciable de valor entre la mercancía en infracción y los efectos utilizados para

    cometerla, se sustituirá el comiso de éstos por una multa adicional de dos a cinco veces el valor de la mercancía en infracción, siempre que los responsables

    no sean reincidentes en el mismo tipo de infracción .

    Artículo 89º La tentativa será sancionada con las penas correspondientes a la Infracción consumada, rebajada de una tercera parte a la mitad.

    Artículo 90º Cuando las sanciones estén relacionadas con el valor de las mercancías y objetos en infracción. se tomará en cuenta el valor de mercado al

    día en que se cometió la infracción.

    Artículo 91º Las sanciones aplicadas, salvo las privativas de la libertad, prescriben por el transcurso de cuatro (4) años contados desde el 1° de enero

    del aro siguiente a aquél en que quedó firme la resolución o la sentencia que las impuso.

    Por igual término de cuatro (4) años prescribe la acción para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por concepto de sanciones pecuniarias.

    Artículo 92º Las sanciones privativas de la libertad. prescriben por el transcurso de un tiempo igual al de la condena.

    El término se computará desde el día en que quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena si hubiere ésta comenzado a cumplirse.

    Capítulo II

    Parte Especial

    Sección Primera

    Defraudación

    Artículo 93º Comete defraudación el que mediante simulación, ocultación, maniobra, o cualquier otra forma de engaño, obtenga para sí o para un tercero,

    un provecho indebido a expensas del derecho del sujeto activo a la percepción del tributo.

    Es agravante la circunstancia de que la defraudación se cometa con la participación del funcionario que, por razón de su cargo, intervenga en los hechos constitutivos de la infracción.

    Artículo 94º Se presume la intención de defraudar, salvo prueba en contrario, cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes:

    1º Llevar dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asientos .

    2º Contradicción evidente entre las constancias de los libros o documentos y los datos consignados en las declaraciones tributarias, cuando perjudique al sujeto activo.

    3º Proporcionar informaciones falsas o emitir documentos falsos relacionados con cualesquiera de los elementos constitutivos del hecho imponible.

    4º No emitir facturas o comprobantes equivalentes que impliquen omisión del pago de tributos.

    5º Presentación o utilización de comprobantes, planillas, facturas especies fiscales u otros documentos falsos.

    6º Producción, importación, falsificación, expendio, utilización o posesión de especies gravadas cuando no se hubiere cumplido con los registros o inscripción

    que las leyes especiales establecen

    7º El ejercicio clandestino de la industria o comercio del alcohol o de las especies alcohólicas.

    Artículo 95º La defraudación será penada con multa de dos a cinco veces el monto del tributo omitido. sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código

    Penal.

    Podrán aplicarse además, conjunta o separadamente:

    a) Comiso de las mercancías u objetos, y de los vehículos y demás elementos utilizados para la comisión de la infracción

    b) Clausura del establecimiento donde se hubiere cometido la infracción, por un máximo de seis (6) meses, cuando dicho establecimiento sea elemento esencial para la comisión de la infracción.

    Artículo 96º Cuando la defraudación consista en el ejercicio clandestino de la industria o comercio del alcohol o de las especies alcohólicas, será penada con prisión de tres (3) meses a dos (2) años.

    Sección Segunda

    Contravención

    Artículo 97º El que mediante acción u omisión que no constituya ninguna de las otras infracciones tipificadas en este Código, cause una disminución ilegítima de ingresos tributarios, inclusive mediante la obtención indebida de exoneraciones u otros beneficios fiscales, será penado con multa desde un décimo hasta dos veces el monto del tributo omitido.

    Artículo 98º Cuando la ley exija la estimación del valor de determinados bienes, y el avalúo administrativo no aumente su valor en más de una cuarta parte, no se impondrá sanción por este respecto. Las leyes especiales podrán eximir de sanción las diferencias de tributo provenientes de la estimación de otras

    características relativas a los bienes.

    Sección Tercera

    Incumplimiento de los deberes relativos al pago del tributo

    Artículo 99º Los agentes de retención o percepción que no retuvieren o percibieren los correspondientes tributos, serán penados con multa de un

    décimo hasta dos veces el monto del tributo dejado de retener o percibir, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

    Artículo 100º Los agentes de retención o percepción que retuvieren o percibieren cantidades menores a las legalmente establecidas, serán penados,

    con multa de un décimo hasta otro tanto del tributo no retenido o percibido, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

    Artículo 101º Los agentes de retención o de percepción que no enteraren en la receptoría de fondos las cantidades retenidas o percibidas, dentro de los lapsos establecidos por la ley o en los reglamentos, serán penados con multa equivalente al cincuenta por ciento (50 %) mensual de los tributos retenidos o

    percibidos, hasta un máximo de tres (3) veces el monto de dichas cantidades, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

    Artículo 102º El agente de retención o de percepción que no entere los tributos retenidos o percibidos, dentro del término de tres (3) meses contados desde la

    fecha en que ha debido enterar el tributo, será penado con prisión entre seis (6) meses y tres (3) años, sin perjuicio de la responsabilidad penal de los gerentes, administradores, directores, mandatarios o representantes, por su participación en la comisión del hecho y de la aplicación de la multa prevista en el artículo 101 de este Código.

    En los casos de entidades de carácter público o institutos oficiales autónomos, el funcionario encargado de la retención o la percepción, que se apropie de los tributos retenidos o percibidos será penado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

    Se presume la comisión del delito de apropiación indebida en los casos en que las entidades financieras no ingresen los fondos recibidos de los sujetos pasivos por concepto de tributo, accesorios y sanciones en la cuenta correspondiente que posee la Tesorería Nacional en el Banco Central de Venezuela, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de haber sido recibidos. Serán sancionadas con multa de cinco (5) veces el monto del tributo no ingresado dentro del citado plazo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y de las sanciones previstas en el Código Penal.

    Sección Cuarta

    Incumplimiento de los Deberes Formales

    Artículo 103º Constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de sujetos pasivos o terceros, que viole las disposiciones que establecen tales deberes, contenidas en este Código, en las leyes especiales, sus reglamentaciones o en disposiciones generales de los organismos administrativos competentes. Constituye también esta infracción la realización de actos tendientes a obstaculizar o impedir las tareas de determinación, fiscalización o investigación de la Administración Tributaria.

    Artículo 104º El contribuyente que omitiere presentar oportunamente alguna declaración exigida por la ley, los reglamentos o disposiciones generales de la

    Administración Tributaria será sancionado con multa de diez unidades tributarias a cincuenta unidades tributarias (10 U .T. a 50 U .T.)

    Artículo 105º El contribuyente, que estando obligado a inscribirse en los registros que lleve la administración no lo hiciere, será penado con multa de

    cincuenta unidades tributarias a ciento cincuenta unidades tributarias ( 50 U.T. a 150 U.T.)

    En la misma pena, rebajada en la mitad, incurrirá el que se inscribiere con retardo o lo hiciere incumpliendo las formalidades previstas en la ley o en los

    reglamentos.

    Artículo 106º El contribuyente que omitiere llevar los libros y registros especiales exigidos por la ley y los reglamentos o no los conserve por el plazo

    previsto en la ley, referentes a las actividades u operaciones que se vinculan a la tributación, será penado con multa de cincuenta unidades tributarias a doscientas unidades tributarias (50 U.T. a 200 U.T.).

    En la misma pena, disminuida en la mitad, incurrirá el que no lleve los libros y registros especiales conforme a las formalidades establecidas en las leyes o en los reglamentos.

    En caso de impuestos al consumo la reiteración de la presente infracción acarreará, además, la clausura del establecimiento por un término de quince (15)

    a treinta (30) días continuos.

    Artículo 107º El contribuyente que omita la entrega de facturas a que esté obligado por las leyes especiales, será penado con multa de una unidad

    tributaria (1 U.T.) por cada factura omitida hasta un máximo de doscientas unidades tributarias (200 U.T.).

    Artículo 108º El incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción específica será penado con multa de diez unidades tributarias a cincuenta

    unidades tributarias (10 U.T. a 50 U.T.).

    TITULO IV

    ADMINISTRACION TRIBUTARIA

    Capítulo I

    Facultades y Deberes de la Administración Tributaria

    Artículo 109º La Administración Tributaria tendrá las siguientes funciones:

    1º Recaudación de los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios de éstos.

    2º Aplicación de las leyes tributarias y tareas de fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, induciendo a su cumplimiento

    voluntario.

    3º Requerir el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante medidas cautelares, coactivas y de acción ejecutiva.

    4º Inscripción y registro de los contribuyentes y responsables.

    5º Establecimiento y desarrollo del sistema de información y de análisis estadístico, tributarios.

    6º Función normativa y de divulgación tributaria, de naturaleza técnica, jurídica y administrativa.

    Artículo 110º La Administración Tributaria, por órgano de la más alta autoridad jerárquica, o de la que señale la Ley o el Reglamento correspondiente, podrá

    dictar instrucciones de carácter general a sus subalternos, para la interpretación y aplicación de la ley tributaria. Tales disposiciones deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.

    Las instrucciones a que se refiere el presente artículo podrán ser modificadas o derogadas por el superior jerárquico del funcionario que las dictó o por el

    mismo funcionario del cual emanaron, en caso de que éste sea el superior de la respectiva Administración Tributaria.

    Artículo 111º La Administración Tributaria está obligada a dictar resolución en toda petición planteada por los interesados ,dentro del plazo de treinta (30) días de su presentación, salvo disposición especial de este Código. Vencido el plazo sin que se dicte resolución, los interesados podrán a su solo arbitrio optar por conceptuar que ha habido decisión denegatoria, en cuyo caso quedan facultados para interponer los recursos y acciones que correspondan.

    Artículo 112º La Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades de fiscalización e investigación de todo lo relativo a la aplicación de las leyes

    tributarias, inclusive en los casos de exenciones y exoneraciones. En el ejercicio de estas facultades, especialmente podrá:

    1º Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibición de sus libros, documentos y correspondencia comercial, así como su comparecencia ante la

    autoridad administrativa para proporcionar informaciones pertinentes.

    2º Intervenir los libros y documentos inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su conservación, a cuyo efecto se levantará acta en la cual se

    especificarán los libros y documentos de que se trate.

    3º Incautarse de dichos libros y documentos cuando la gravedad del caso lo requiera. A tal efecto, se levantará acta en la cual se especificarán los libros y

    documentos incautados. La medida estará limitada a quince (15) días, prorrogables por los órganos jurisdiccionales competentes cuando fuere

    indispensable, por lapsos que en su conjunto no excederán de tres (3) meses.

    4º Requerir informaciones a terceros relacionados con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido

    conocer, así como exhibir documentación relativa a tales situaciones y que se vincule con la tributación.

    No podrá exigirse información de:

    a) Las personas que por disposición legal pueden invocar el secreto profesional.

    b) Los ministros del culto en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de su ministerio que constituyen secreto en la respectiva religión.

    c) Aquellos cuya declaración implique violar el secreto de la correspondencia epistolar o de las comunicaciones en general.

    d) El cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en caso de que su declaración estuviera relacionada con hechos que pudieran motivar la aplicación de penas privativas de la libertad.

    5º Practicar inspecciones en los locales y medios de transporte ocupados o utilizados a cualquier título por los contribuyentes y responsables. Para

    realizarlas en los locales fuera de las horas hábiles o en los domicilios particulares en cualquier tiempo, será necesario orden judicial de allanamiento

    de conformidad con el derecho común, la cual deberá ser decidida dentro de las veinticuatro (24) horas de solicitada, habilitándose el tiempo que fuere menester para practicarlas.

    6º Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones y ello fuere necesario para practicar las diligencias.

    7º Tomar posesión de los bienes con los que se suponga fundadamente que se ha cometido una infracción tributaria, previo el levantamiento de acta en la cual se especifiquen dichos bienes. Estos serán puestos a disposición del Tribunal competente dentro de los cinco (5) días siguientes, para que proceda a su

    devolución o dicte la medida cautelar que se le solicite.

    Parágrafo Unico : La realización de cualquiera de las actuaciones anteriores será autorizada por la Administración Tributaria respectiva.

    Artículo 113º Se reputarán legítimos y constituirán títulos jurídicamente válidos, salvo prueba en contrario, los documentos de requerimiento de declaraciones

    juradas, datos o actos de liquidación de tributos, multas e intereses, emitidos por la Administración Tributaria y efectuados mediante sistemas de computación.

    Para la validez de los datos y documentos en referencia, no es necesario que contengan firmas autógrafas sino los datos e información necesaria para la

    acertada comprensión de su origen y contenido. La validez jurídica de dichos documentos se perfeccionará, siempre que se emita mediante sistema

    computacional y contenga el facsímil de la firma del funcionario competente de la Administración Tributaria.

    En todos los casos, la información que se obtenga de la aplicación del sistema computacional, debe hallarse respaldada por los documentos que la originaron, los cuales deberán ser conservados, en todos los casos, por la Administración Tributaria, hasta que hayan transcurrido dos (2) años posteriores a la fecha del vencimiento del lapso de la prescripción de la obligación tributaria.

    Artículo 114º Las autoridades civiles, políticas, administrativas. militares y fiscales de la Nación, de los Estados y Municipios y los particulares, están obligados a prestar su concurso a todos los órganos, funcionarios y empleados de fiscalización y a denunciar los hechos de que tuvieran conocimiento que impliquen infracciones a las disposiciones de este Código y de las leyes tributarias especiales. Los colegios profesionales, asociaciones gremiales, asociaciones de comercio y producción, así como los sindicatos, tienen el deber de cooperar en cuanto a suministrar las informaciones que se les requieran conforme a lo que al efecto regulen las leyes especiales en materia tributaria.

    Artículo 115º Las informaciones y documentos que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio,

    tendrán carácter reservado.

    Sólo serán comunicadas a la autoridad jurisdiccional, mediante orden de ésta, o de oficio, cuando fuere legalmente procedente

    También podrán ser comunicadas en los demás casos que establezcan las leyes.

    El secreto o carácter reservado de la información a que se refiere este artículo no impide que la Administración Tributaria pueda delegar tareas de recaudación, cobro, administración. Levantamiento de estadísticas, procesamiento de datos e información en organismos o empresas especializadas, siempre que éstos acuerden con la Administración Tributaria los medios necesarios para mantener el secreto y reserva previstos en este artículo y se obliguen a no divulgar, reproducir o utilizar la información obtenida

     

    Capítulo II

    Determinación

    Artículo 116º La determinación o liquidación es el acto o conjunto de actos que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o su inexistencia

    Artículo 117º Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación tributaria, los contribuyentes y demás responsables deberán
    determinar y cumplir por si mismos dicha obligación, o proporcionar la información necesaria para que la determinación sea efectuada por la Administración Tributaria, según lo que dispongan las leyes especiales.

    Artículo 118º La Administración Tributaria podrá verificar la exactitud de las declaraciones y proceder a la determinación de oficio, sobre base cierta o sobre
    base presuntiva, en cualesquiera de las siguientes situaciones:

    1º Cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar la declaración o cuando no hubiere cumplido con la obligación tributaria en los casos en que no se exija declaración.

    2º Cuando la declaración ofreciera dudas debidamente fundadas y razonadas relativas a su veracidad o exactitud.

    3º Cuando el contribuyente debidamente requerido conforme a la ley no exhiba los libros y documentos pertinentes.

    4º Cuando así lo establezcan este Código o las leyes tributarias, las cuales deberán expresamente señalar las condiciones y requisitos para que proceda.

    Artículo 119º La determinación por la Administración se realizará aplicando los siguientes sistemas:

    1º Sobre base cierta, con apoyo en los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos generadores del tributo.

    2º Sobre base presuntiva, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan determinar la existencia y cuantía de la misma.

    En este caso la Administración podrá utilizar, entre otros métodos, las estimaciones del monto de ventas mediante la comparación de los resultados obtenidos de la realización de los inventarios físicos con los montos registrados en la contabilidad. Las diferencias en más o en menos de las existencias
    constituirán omisiones de ventas y de ingresos por ventas no registrados, y darán lugar a la determinación de los respectivos tributos.

    Los incrementos patrimoniales no justificados también constituirán base imponible para la aplicación de los tributos, en los casos que corresponda.

    Artículo 120º La determinación sobre base presuntiva sólo procede si el contribuyente no proporciona los elementos de juicio necesarios para practicar la determinación sobre base cierta. En tal caso, subsiste la responsabilidad por las diferencias que pudieren corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.

    La determinación a que se refiere este artículo no podrá ser impugnada fundándose en hechos que el contribuyente hubiere ocultado a la Administración Tributaria, o no los hubiere exhibido al serle requerido, dentro del plazo que al efecto fije la Administración Tributaria.

    Artículo 121º Cuando el contribuyente que estando obligado a hacerlo, no presente declaraciones juradas de un tributo y omita pagar el mismo por uno o
    varios periodos legales, la Administración Tributaria le requerirá que las presente y pague el tributo resultante en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la notificación al contribuyente.

    En caso de no cumplir con lo requerido, la Administración Tributaria podrá determinar de oficio y exigir al contribuyente el pago del tributo correspondiente
    a cada uno de los períodos en los cuales hubiere omitido presentar la declaración y efectuar el pago. Para ello. considerará como tributo exigible la cantidad de tributo con Inclusión de su actualización monetaria, que hubiere determinado en la última declaración jurada anual presentada a la Administración: siempre que el período del tributo que deba determinar el contribuyente sea anual. Si el período no fuese anual, se considerará como impuesto exigible la cantidad máxima de tributo determinando del periodo que corresponda al lapso actual en el que hubiere efectuado pagos del tributo y que fuere el más próximo al de la fecha en la cual la Administración Tributaria realice la determinación de oficio. Esta cantidad así determinada se exigirá por cada uno de los períodos que el contribuyente hubiera omitido efectuar el pago del tributo, sin perjuicio de la actualización monetaria, de las sanciones e intereses que correspondan.

    Si el contribuyente no pagara el tributo determinado de acuerdo con este artículo, dentro del plazo máximo de veinticinco (25) días hábiles contados a
    partir de su notificación. Ia Administración Tributaria iniciará de inmediato el juicio ejecutivo correspondiente, para hacer efectivo el crédito tributario a favor
    del Fisco.

    El pago de la cantidad o cantidades del tributo que se realice por aplicación de lo establecido en este artículo, no enerva la facultad para que la administración Tributaria determine sobre base cierta y exija el pago del tributo, su actualización monetaria, sanciones e intereses que correspondan, dentro del lapso de la prescripción.

    Artículo 122º Cuando la ley encomienda la determinación a la Administración Tributaria, prescindiendo total o parcialmente del contribuyente, aquélla deberá practicarse sobre base cierta.

    Sólo podrán utilizarse indicios o presunciones en el caso de imposibilidad de conocer los hechos.

    El contribuyente podrá impugnar la determinación así practicada invocando todos los fundamentos de hecho y de derecho que considere pertinentes.

    Artículo 123º Los montos de base imponible y de los créditos y débitos de carácter tributario que determinen los sujetos pasivos o la Administración
    Tributaria, en las declaraciones juradas y planillas de pago de cualquier naturaleza: así como en las determinaciones que efectúe la Administración
    Tributaria por cualquier obligación por concepto de tributos, actualización monetaria, intereses o sanciones, y la resolución de los recursos y sentencias, se
    expresarán con aproximación a la unidad monetaria de un bolívar en más o en menos.

    A tal efecto, si la cantidad de céntimos es igual o superior a cincuenta céntimos, se considerará la unidad bolívar inmediata superior y si fuere inferior a cincuenta céntimos, se considerará la unidad bolívar inmediata inferior.

    Artículo 124º La Administración Tributaria estará autorizada a suscribir convenios tributarios con agrupaciones, asociaciones o gremios representativos
    de comerciantes, productores, industriales, de sectores de las mismas actividades económicas que agrupen contribuyentes de menor significación
    tributaria, que permitan determinar anticipadamente sobre base presuntiva, con actualización monetaria, sus respectivas obligaciones tributarias por períodos no mayores de tres (3) ejercicios fiscales,

    Para estos efectos, Ia Administración Tributaria elaborará estándares de rendimiento tributario, para lo cual podrá tomar como antecedentes, entre otros,
    los resultados del análisis comparativo de las declaraciones juradas de tributos procesadas, Ias fiscalizaciones realizadas de contribuyentes seleccionados de
    similares características y magnitud de ingresos, Ia información técnica obtenida y otros antecedentes, respecto de contribuyentes que realicen las mismas o
    análogas actividades.

    Cada uno de los contribuyentes que deseen someterse a este procedimiento de determinación previsto en este artículo, deberá firmar con carácter singular con la Administración Tributaria un convenio, el cual contendrá los derechos y obligaciones de carácter general previstos en el convenio suscrito con la
    agrupación, asociación o gremio correspondiente.

    Parágrafo Único: Los citados convenios en ningún caso impedirán o limitarán las amplias facultades de recaudación control, revisión, fiscalización, atribuidas a la Administración Tributaria, ni la facultad y el deber que tiene ésta y los sujetos pasivos de determinar la obligación tributaria sobre la base cierta en su exacta cuantía, de acuerdo con la correcta aplicación de las leyes tributarias. Si la determinación posterior de la obligación tributaria, por parte de la
    Administración resultare mayor que la determinación sobre base presuntiva del convenio tributario, los contribuyentes tendrán que pagar el tributo con valor
    actualizado desde el día del vencimiento del plazo general en que debió efectuarse la determinación sobre base cierta, por cada uno de los ejercicios
    fiscales.

    Las obligaciones fiscales que asuman los contribuyentes en tales convenios tributarios Tendrán carácter personal y no generan solidaridad entre quienes los
    hayan firmado como representantes de las agrupaciones, asociaciones o gremios.

    Artículo 125º En los casos que la determinación de la obligación tributaria, efectuada a requerimiento de la Administración Tributaria, con posterioridad a la
    celebración de un convenio tributario, excediera en un cuarenta por ciento (40 %) el monto de la obligación tributaria correspondiente, determinada en el
    referido convenio, la Administración Tributaria deberá sancionar al contribuyente con una multa equivalente a la mitad de la diferencia del tributo
    determinado, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

    Parágrafo Único: No procederá la aplicación de esta sanción si el contribuyente presenta la declaración jurada, determina y paga la diferencia del
    impuesto, con inclusión de la actualización monetaria, sin que haya mediado para ello requerimiento previo de la Administración Tributaria.

    Capítulo III
    Deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros

    Artículo 126º Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de determinación,
    fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y, en especial, deberán:

    1º Cuando lo requieran las leyes o reglamentos:

    a) Llevar en forma debida y oportunamente los libros y registros especiales, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y
    mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente;

    b) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que aportarán los datos necesarios y comunicarán oportunamente sus modificaciones;

    c) Colocar el número de inscripción en los documentos y en las actuaciones ante la Administración Tributaria o en los demás casos en que se exija hacerlo;

    d) Solicitar a la autoridad que corresponde permisos previos o de habilitación de locales; y

    e) Presentar, dentro del plazo fijado, las declaraciones que correspondan.

    2º Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos;

    3º Exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de comercio, los libros y registros especiales, los documentos y
    antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos gravados;

    4º Facilitar a los funcionarios fiscales autorizados las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar, establecimientos comerciales o indústriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112 de este Código;

    5º Exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados, las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancías,
    relacionadas con hechos generadores de las obligaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas

    6º. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del
    inicio o término de las actividades del contribuyente;

    7º Comparecer a las oficinas fiscales cuando su presencia sea requerida; y

    8º Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias, debidamente notificadas.

    Artículo 127º Los deberes formales deben ser cumplidos:

    1º En el caso de personas naturales, por sí mismas o por representantes legales o mandatarios.

    2º En el caso de personas jurídicas, por sus representantes legales o convencionales.

    3º En el caso de las entidades previstas en el artículo 22, numeral 3. por la persona que administre los bienes, y en su defecto por cualquiera de los
    integrantes de la entidad.

    4º En el caso de sociedades conyugales, núcleos familiares, sucesiones y fideicomisos, por sus representantes, administradores, albaceas, fiduciarios o
    personas que designen los componentes del grupo y en su defecto por cualquiera de los interesados.

    Artículo 128º Las declaraciones o manifestaciones que se formulen se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes
    las suscriban, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82. Igual responsabilidad solidaria tendrán los profesionales que en el ejercicio independiente de sus profesiones, emitan dictámenes técnicos o científicos en contradicción a las leyes, normas o principios que regulan el ejercicio de su profesión o ciencia.

    Dichas declaraciones y manifestaciones se tendrán como definitivas aun cuando podrán ser modificadas en cualquier tiempo, sin perjuicio de las facultades de verificación de la Administración Tributaria y de la aplicación de las sanciones que correspondan, si tal modificación ha sido hecha a raíz de denuncias,
    observación o inspección de la autoridad.

    Capitulo IV
    Tramitación
    Sección Primera
    Comparecencia

    Artículo 129º La comparecencia ante la Administración Tributaria podrá hacerse personalmente o por medio de representante legal o voluntario. Quien invoque una representación acreditará su personería en la primera actuación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

    Artículo 130º La fecha de comparecencia se anotará en el escrito si lo hubiere, y, en todo caso, se le otorgará en el acto constancia oficial al interesado.

    Artículo 131º Las actuaciones de la Administración Tributaria y las que se realicen ante ella, deberán practicarse en días y horas hábiles, sin perjuicio de las
    habilitaciones que fueren procedentes de conformidad con las leyes y reglamentos.

    Sección Segunda
    Notificaciones

    Artículo 132º La notificación es requisito necesario para la eficacia de los actos emanados de la Administración Tributaria, cuando éstos produzcan efectos
    individuales.

    Artículo 133º Las notificaciones se practicarán en alguna de estas formas:

    1º Personalmente. entregándola contra recibo al contribuyente o responsable.

    Se tendrá también por notificado personalmente el contribuyente o responsable que realice cualquier actuación que Implique el conocimiento del acto, desde el día en que se efectuó dicha actuación.

    2º Por correspondencia postal certificada o telegráfica, dirigida al contribuyente o responsable a su domicilio, con acuse de recibo para la Administración
    Tributaria, del cual se le dejará copia al destinatario en la que conste la fecha de entrega.

    3º Por constancia escrita entregada por funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente o responsable.

    Esta notificación se hará a persona adulta que habite o trabaje en dicho domicilio, quien deberá firmar el correspondiente recibo, del cual se dejará copia para el contribuyente o responsable en la que conste la fecha de entrega. En caso de negativa a firmar, el funcionario dejará constancia de ello y fijará
    copia de dicha notificación en la puerta de la sede del domicilio.

    4º Por aviso, cuando no haya podido determinarse el domicilio del contribuyente o responsable, conforme a lo previsto en este Código o cuando fuere imposible efectuar notificación personal, por correspondencia o por constancia escrita, La notificación por aviso se hará mediante publicación que contendrá un resumen del acto administrativo correspondiente. Dicha publicación deberá efectuarse por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital de la República o de la ciudad sede de la Administración Tributaria que haya emitido el acto. Deberá igualmente fijarse el referido aviso en el domicilio del contribuyente o responsable si fuere conocido, o a falta de tal conocimiento en el último domicilio, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

    Artículo 134º Las notificaciones se practicarán en día y hora hábiles. Si fueren efectuadas en día inhábil, se entenderán realizadas el primer día hábil siguiente.

    Cuando la notificación no sea practicada personalmente, sólo surtirá efectos después del décimo día hábil siguiente de verificada.

    Artículo 135º El incumplimiento de los trámites legales en la realización de las notificaciones tendrá como consecuencia el que las mismas no surtan efecto sino a partir del momento en que se hubiesen realizado debidamente, o en su caso, desde la oportunidad en que el interesado se deba tener por notificado
    personalmente en forma tácita según lo previsto en el aparte del numeral 1 del artículo 133 de este Código.

    Artículo 136º El gerente, director o administrador de sociedades civiles o mercantiles, o el presidente de las asociaciones, corporaciones o fundaciones, se
    entenderán facultados para ser notificados a nombre de esas entidades, no obstante cualquier limitación establecida en los estatutos o actas constitutivas de
    las referidas entidades.

    Las notificaciones a los entes sin personalidad jurídica se practicarán en las personas indicadas en los numerales 3 y 4 del artículo 127 de este Código.

    Sección Tercera
    Prueba

    Artículo 137º Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. con excepción del juramento y de la confesión de empleados públicos
    cuando ella implique prueba confesional de la administración.

    Artículo 138º Los interesados o sus representantes y sus abogados asistentes tendrán acceso a los expedientes y podrán consultarlos sin más exigencia que la
    comprobación de su identidad.

    Artículo 139º El término de prueba será fijado de acuerdo con la importancia y complejidad de cada caso, y no podrá ser inferior a quince (15) días.

    En los asuntos de mero derecho se prescindirá de él, de oficio o a petición de parte.

    Artículo 140º No se admitirán las pruebas manifiestamente impertinentes o ilegibles, las que deberán rechazarse mediante resolución fundada. El afectado
    podrá dejar constancia de su disconformidad, la que será considerada al sustanciarse el recurso que corresponda.

    Artículo 141º La autoridad administrativa impulsará de oficio el procedimiento y podrá acordar la práctica de las pruebas que estime necesarias.

    Sección Cuarta
    Determinación por la Administración, Tributaria y aplicación de sanciones

    Artículo 142º Cuando la Administración Tributaria deba proceder a la determinación a que se refieren los artículos 118 y 119, o a perseguir las infracciones de las leyes tributarias, reglamentos y demás disposiciones sobre la materia y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en el presente Código, se sujetará a las normas de esta Sección.

    Artículo 143º En caso de infracción sancionada con pena privativa de la libertad, Ia Administración Tributaria se limitará a practicar las diligencias indispensables y a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público o de los tribunales competentes.

    Artículo 144º Cuando haya de procederse conforme al artículo 142, se levantará un Acta que llenará, en cuanto sea aplicable, los requisitos de la resolución prevista en el artículo 149 y que se notificará al contribuyente o responsable por alguno de los medios contemplados en el artículo 133. El Acta hará plena fe mientras no se pruebe lo contrario.

    Artículo 145º En el Acta que se levante se deberá emplazar al contribuyente o responsable para que proceda a presentar la declaración omitida o rectificar la
    presentada, y pagar el impuesto resultante, con actualización monetaria e intereses compensatorios, y la multa correspondiente al diez por ciento (10%)
    del tributo omitido, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notificada dicha Acta.

    Artículo 146º Vencido el plazo establecido en el artículo inmediato anterior, sin que el contribuyente o responsable procediera de acuerdo con lo previsto en
    dicho artículo, se dará por iniciada la instrucción del Sumario teniendo el afectado plazo de veinticinco (25) días hábiles para formular los descargos y aportar la totalidad de las pruebas para su defensa. Regirá en materia de pruebas lo dispuesto en la Sección Tercera de este Capítulo.

    En caso que la impugnación versare sobre aspectos de mero derecho, no se abrirá el Sumario correspondiente, quedando abierta la vía jerárquica o
    jurisdiccional .

    Artículo 147º Pendiente el procedimiento, la Administración Tributaria tomará las medidas necesarias para evitar que desaparezcan los documentos
    relacionados con la infracción o que contribuyan a probarla, o que se consuman los hechos que la constituyan. En ningún caso estas medidas impedirán el
    desenvolvimiento de las actividades del contribuyente.

    Artículo 148º Al ordenarse el Sumario administrativo, podrá disponerse el secreto de las actuaciones durante un plazo que no podrá exceder de quince
    (15) días hábiles, transcurrido el cual regirá lo dispuesto en el artículo 138 de este Código y comenzará a correr el plazo de veinticinco (25) días hábiles para
    formular descargos, previstos en el artículo 146.

    Artículo 149º El Sumario culminará con una resolución en la que se determinará si procediere o no la obligación tributaria, se consignará en forma
    circunstanciada la infracción o delito que se imputa, se señalará la sanción pecuniaria que corresponda y se intimaran los pagos que fueren procedentes. La
    resolución deberá contener las siguientes especificaciones:

    1º Lugar y fecha de emisión;

    2º. Identificación del contribuyente o responsable y su domicilio;

    3º Indicación del tributo que corresponda y, si fuere el caso, el período fiscal
    correspondiente;

    4º Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas;

    5º Fundamentos de la decisión;

    6º Elementos aplicados en caso de determinación sobre base presuntiva;

    7º Discriminación de los montos exigibles por tributos, actualización monetaria,
    recargos, intereses y sanciones que correspondan, según los casos; y

    8º Firma del funcionario autorizado.

    La ausencia de cualesquiera de estos requerimientos vicia de nulidad al acto.

    Parágrafo Primero: El levantamiento previo del Acta previsto en el artículo 144 de este Código, podrá omitirse en los casos de imposición de sanciones por incumplimiento de deberes formales, infracciones por parte de los agentes de retención y percepción, que no constituya presunción de delito, determinación de oficio sobre base cierta, cuando tal determinación se haga exclusivamente con fundamento en los datos de las declaraciones aportadas por los contribuyentes o cuando se trate de simples errores de cálculo que den lugar a una diferencia de tributo. En este último caso la Administración Tributaria
    notificará la sanción respectiva o la diferencia de tributo a favor del Fisco, con su actualización monetaria, liquidación de intereses y se aplicará multa
    equivalente al diez por ciento (10%) del tributo omitido. El total liquidado deberá cancelarse dentro de los diez (10) días hábiles de su notificación. La falta
    de pago dentro de este plazo dará lugar al inicio del juicio ejecutivo de cobro.
    Parágrafo Segundo: En los casos que el contribuyente o responsable admite en forma expresa el contenido del Acta, no se abrirá el Sumario. En este caso la
    Administración emitirá, inmediatamente, la resolución correspondiente.

    Artículo 150º Si la resolución a que se refiere el artículo precedente no aplica la sanción y se limita sólo a determinar la obligación tributaria, se entenderá que la Administración Tributaria la consideró improcedente.

    Artículo 151º La Administración dispondrá de un plazo máximo de un (1) año, contado a partir del vencimiento del lapso para presentar el escrito de
    descargos, para dictar la resolución culminatoria del Sumario.

    Si la Administración no notifica válidamente la resolución en el lapso previsto para decidir, quedará concluido el Sumario y el Acta invalidada y sin efecto legal alguno, al igual que los actos cumplidos en el Sumario.

    Los elementos probatorios acumulados en el Sumario así concluido podrán ser apreciados en otro, siempre que así se haga constar en el Acta que inicia el
    nuevo Sumario y sin perjuicio del derecho del interesado a oponer la prescripción y las demás excepciones que considere procedentes.

    Artículo 152º El afectado podrá interponer, en contra de la resolución a que se refiere el artículo 149, los recursos administrativos y jurisdiccionales que este
    Código consagra.

    Capítulo V
    Certificaciones de solvencia

    Artículo 153º Cuando los contribuyentes, responsables, o terceros con interés legítimo, deban acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias, solicitarán
    un certificado a la Administración Tributaria, la cual deberá expedirlo en un plazo no mayor de tres (3) días.

    Si dicha administración no estuviere en condiciones de otorgarlo, dejará constancia documentada de tal hecho dentro del mismo plazo, la que tendrá igual efecto que el certificado.

    Artículo 154º Se presume que los interesados han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus deberes formales, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a verificar la exacta aplicación de las normas dentro del término de prescripción.

    En todo caso dicha administración podrá efectuar las fiscalizaciones pertinentes para comprobar la existencia de eventuales infracciones.

    Artículo 155º Los certificados tendrán efecto liberatorio respecto de los contribuyentes y responsables cuando se emitan sobre la base de resoluciones firmes de la Administración Tributaria, o cuando así surja del propio documento, y frente a terceros en todos los casos, en cuanto a los pagos a que ellos se
    refieren.

    El error o irregularidad en que hubiere incurrido la Administración Tributaria al emitir estas certificaciones, les hará perder su efecto liberatorio. No obstante,
    conservarán tal efecto frente a terceros, salvo que se pruebe comisión de fraude.

    Artículo 156º El requisito de la certificación no podrá afectar el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución.

    Capítulo VI
    Consultas

    Artículo 157º Quien tuviere un interés personal y directo, podrá consultar a la Administración Tributaria sobre la aplicación de las normas tributarias a una
    situación concreta. A ese efecto, el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la cuestión que motiva la consulta, y podrá asimismo expresar su opinión fundada.

    Artículo 158º La formulación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni exime al consultante del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

    Para evacuar la consulta la Administración Tributaria dispondrá de los plazos que fijen las leyes especiales; en su defecto, el plazo será de treinta (30) días
    hábiles.

    Artículo 159º No podrá imponerse sanción a los contribuyentes que en la aplicación de la legislación tributaria hubieren adoptado el criterio o la interpretación expresada por la Administración Tributaria, en consulta evacuada sobre el mismo tipo de asunto.

    Tampoco podrá imponerse sanción en aquellos casos en que la Administración Tributaria no hubiere contestado la consulta que se le haya formulado en el plazo fijado, y el consultante hubiere aplicado la interpretación acorde con la opinión fundada que el mismo haya expresado al formular la consulta.

    Capitulo VIl
    Revisión de oficio

    Artículo 160º La Administración Tributaria podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables. subsanando los vicios de que adolezcan.

    Artículo 161º Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó o por el respectivo superior jerárquico.

    Artículo 162º La Administración Tributaria podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos
    dictados por ella.

    Artículo 163º La Administración Tributaria podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de
    los actos administrativos.

    Capitulo VIII
    Recurso Jerárquico

    Artículo 164º Los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares, que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los
    derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, mediante la interposición del Recurso jerárquico reglado en este
    Capítulo.

    Artículo 165º El Recurso Jerárquico debe interponerse mediante escrito en el cual se expresarán las razones de hecho o de derecho en que se funda. Al
    escrito deberá acompañarse el documento donde aparezca el acto recurrido o, en su defecto, éste deberá identificarse suficientemente en el texto de dicho
    escrito.

    El error en la calificación del Recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

    Artículo 166º El lapso para interponer el recurso será de veinticinco (25) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto que se impugna.

    Artículo 167º El Recurso Jerárquico deberá interponerse por ante la oficina de la cual emanó el acto, o a través de cualesquiera de las oficinas administrativas tributarias nacionales. En este último caso, la oficina que reciba el Recurso deberá remitirlo de inmediato a la primera. La decisión del Recurso Jerárquico
    corresponde a la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria respectiva, quien podrá delegarla en la Unidad específica, bajo su dependencia, salvo lo dispuesto en el artículo 172 de este Código.

    En el caso de reparos formulados por la Contraloría General de la República, la interposición del Recurso Jerárquico se efectuará por ante ese organismo, y su decisión corresponderá al Contralor General de la República, quien podrá delegarla en Directores bajo su dependencia.

    Artículo 168º La Administración Tributaria podrá practicar todas las diligencias de investigación que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos y llevará los resultados al expediente. Dicha administración está obligada también a llevar al expediente los elementos de juicio de que disponga.

    Artículo 169º La administración podrá solicitar del propio contribuyente o de su representante, así como de entidades y de particulares, dentro del lapso que
    tiene para decidir, las Informaciones adicionales que juzgue necesarias, requerir la exhibición de libros y registros y demás documentos relacionados con la
    materia objeto del Recurso y exigir la ampliación o complementación de las pruebas presentadas, si así lo estimare necesario.

    Artículo 170º El lapso para sustanciar y decidir el Recurso será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su interposición.

    Artículo 171 º El Recurso deberá decidirse mediante resolución motivada. Vencido el término fijado en el artículo anterior sin que hubiere decisión, el
    Recurso se entenderá denegado.

    Artículo 172º Interpuesto el Recurso Jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto, si no fuere la máxima autoridad jerárquica podrá revocarlo o modificarlo
    de oficio en caso de que compruebe errores en los cálculos u otros errores materiales, dentro de los primeros quince (15) días del lapso que para decidir el
    Recurso señala el artículo 170. La revocación total produce el término del procedimiento. En caso de modificación de oficio, el Recurso continuará su
    tramitación por la parte no modificada.

    Artículo 173º La interposición del Recurso suspende la ejecución del acto recurrido. Cuando en el Recurso sólo se Impugne parcialmente el acto, será
    exigible el pago de la porción no objetada, en el término de Ley.

    Queda a salvo la utilización de las medidas cautelares previstas en este Código.

    Capitulo IX
    Recurso de Revisión

    Artículo 174º El Recurso de Revisión contra los actos administrativos firmes, podrá intentarse ante los funcionarios competentes para conocer el Recurso
    jerárquico, en los siguientes casos:

    1º Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expediente,

    2º Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva, documentos o testimonios declarados falsos, por sentencia judicial definitivamente firme.

    3º Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial, definitivamente firme.

    Artículo 175º El Recurso de Revisión sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la sentencia a que se refieren los numerales 2 y 3
    del artículo anterior, o de haberse tenido noticia de la existencia de las pruebas a que se refiere el numeral I del mismo artículo.

    Artículo 176º El Recurso de Revisión será decidido dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su presentación.

    Capítulo X
    Repetición de Pago

    Artículo 177º Los contribuyentes o los responsables podrán reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses, sanciones y recargos, siempre que no estén prescritos.

    Artículo 178º La reclamación se interpondrá por ante la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria respectiva, o a través de cualquiera de
    las oficinas administrativas tributarias nacionales, y la decisión corresponderá a la máxima autoridad jerárquica. La atribución podrá ser delegada en la Unidad específica bajo su dependencia.

    Artículo 179º Para la procedencia de la reclamación, no es necesario haber pagado bajo protesta .

    Artículo 180º La máxima autoridad jerárquica o la autoridad a quien corresponda resolver, en su caso, deberá decidir sobre la reclamación dentro de un plazo que no exceda de dos (2) meses, contado a partir de la fecha en que haya sido recibido. Si ella no es resuelta en el mencionado plazo, el contribuyente o responsable podrá optar en cualquier momento y a su solo criterio, por esperar la decisión o por considerar que el transcurso del plazo
    aludido sin haber recibido contestación es equivalente a denegatoria de la misma.

    Regirá en materia de pruebas y del lapso respectivo, lo dispuesto en la Sección Tercera del Capitulo lV de este Titulo.

    Artículo 181º Si la decisión es favorable, los créditos reconocidos serán compensados, de oficio o a petición de parte con deudas tributarias ya
    determinadas, de acuerdo con el artículo 46 de este Código.

    Artículo 182º Vencido el lapso previsto sin que se haya resuelto la reclamación, o cuando la decisión fuere parcial o totalmente desfavorable, el reclamante
    queda facultado para interponer el Recurso Contencioso Tributario, sujetándose a lo dispuesto en el Capítulo I del Título V de este Código

    El Recurso Contencioso podrá interponerse en cualquier tiempo, siempre que no se haya cumplido la prescripción. La reclamación administrativa interrumpe la prescripción. Ia cual se mantendrá en suspenso durante el lapso establecido en el artículo 180.

    Artículo 183º Cuando la decisión sea favorable al contribuyente o responsable, en la vía administrativa o en la contenciosa, ella ordenará el reintegro a que haya lugar junto con los intereses devengados por la cantidad pagada indebidamente calculados de acuerdo con los artículos 59 y 60 de este Código hasta la fecha del reintegro.

    Artículo 184º En todo caso en que se formule reclamación de repetición o reintegro, ya sea a título de incentivos, franquicias, subsidios, o por otras causas,
    ella se someterá a las normas establecidas en el presente Capítulo.

    TITULO V
    PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
    Capítulo I
    Del Recurso Contencioso Tributario

    Artículo 185º – El Recurso Contencioso Tributario procederá:

    1º Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el Recurso Jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio
    de dicho Recurso.

    2º Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado Recurso Jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente
    conforme al artículo 171 de este Código.

    3º Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el Recurso Jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares.

    Parágrafo Único. El Recurso Contencioso Tributario podrá también ejercerse subsidiariamente al Recurso Jerárquico, en el mismo escrito, para el caso de que
    hubiese expresa denegación total o parcial, o denegación tácita, de dicho Recurso Jerárquico.

    Artículo 186º El Recurso debe interponerse mediante escrito en el cual se expresarán las razones en que se funda. Al escrito deberá acompañarse el documento donde aparezca el acto recurrido, o en su defecto, éste deberá identificarse suficientemente en el texto de dicho escrito.

    El error en la calificación del Recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

    Artículo 187º El lapso para interponer el Recurso Contencioso Tributario será de veinticinco (25) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del lapso previsto para decidir el Recurso Jerárquico en caso de denegación tácita de éste o de la notificación de la resolución que decidió expresamente el mencionado Recurso.

    Artículo 188º El Recurso podrá interponerse directamente ante el Tribunal competente, o a través de la máxima autoridad jerárquica de la Administración
    Tributaria respectiva, o de cualquiera otra oficina de la Administración Tributaria correspondiente al tributo de que se trate, o por intermedio de un Juez del
    domicilio fiscal del recurrente.

    Cuando el Recurso no hubiere sido interpuesto ante el Tribunal competente, la oficina o Juez receptor del Recurso deberá remitirlo a aquél dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, junto con el respectivo expediente administrativo en el primer caso. El recurrente le podrá solicitar del Tribunal competente que reclame a la oficina o juez receptor el envío del Recurso interpuesto.

    Artículo 189º La interposición del Recurso suspende la ejecución del acto recurrido. Queda a salvo la utilización de las medidas cautelares previstas en
    este Código, Ias cuales podrán decretarse por todo el tiempo que dure el proceso, sin perjuicio de que sean sustituidas conforme al aparte único del
    artículo 214.

    Artículo 190º Cuando el Recurso hubiese sido interpuesto directamente ante el Tribunal competente, el recurrente estará a derecho desde la interposición. En los otros casos el recurrente estará a derecho después de transcurridos veinte (20) días continuos contados a partir de la interposición del recurso, cuando
    éste hubiere llegado al Tribunal competente dentro de dicho lapso. Si el expediente del Recurso llegase al Tribunal después de vencido este lapso,
    deberá notificarse al recurrente para ponerle a derecho.

    Artículo 191º Cuando el Recurso no hubiese sido interpuesto por intermedio de la Administración Tributaria, el Tribunal notificará a ésta y solicitará el
    respectivo expediente administrativo.

    Artículo 192º Recibido el Recurso y una vez que la Administración Tributaria y el recurrente estén a derecho, el Tribunal, dentro de los diez (10) días continuos siguientes, lo admitirá o declarará inadmisible. Son causales de inadmisibilidad del Recurso:

    a) Caducidad del plazo para ejercer el Recurso;

    b) Falta de cualidad o interés del recurrente: y

    c) Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener la capacidad necesaria para comparecer en juicio o por no tener la representación que se atribuye o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.

    Esta decisión será apelable dentro de los diez (10) días continuos.

    La apelación será oída en ambos efectos y deberá ser decidida en el término de treinta (30) días continuos.

    Artículo 193º Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del auto de admisión del Recurso o de la devolución del expediente del Tribunal de Alzada que lo admitió, el Tribunal declarará la causa abierta a pruebas con un término de diez (10) días de despacho para promoverlas y veinte (20) para evacuarlas.
    Vencido el lapso probatorio en el segundo día de despacho, se fijará la fecha para el acto de informes, el cual deberá producirse dentro de los quince días de despacho siguientes. Si el recurrente y el representante del Fisco solicitaren que se decida la causa como de mero derecho, o con los elementos probatorios que cursen en el expediente, el juez fijará la oportunidad para el acto de informes dentro del mismo plazo señalado.

    Serán admisibles todos los medios de prueba, con excepción del juramento y de la confesión de empleados públicos, cuando ella implique prueba confesional de la Administración .

    Los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario podrán dar comisión para la práctica de cualesquiera diligencias de sustanciación o de ejecución a los que sean inferiores, aunque residan en el mismo lugar, para cuyo efecto no serán aplicables las excepciones establecidas en el aparte único del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil.

    Artículo 194º Vencido el plazo para presentar los informes y antes de dictar sentencia el juez podrá dictar auto para mejor proveer, cuyo plazo no debe
    exceder de quince (15) días de despacho. Una vez que el Tribunal diga Vistos después del auto de informes o de cumplido el acto para mejor proveer, el
    Tribunal dictará sentencia dentro de los sesenta (60) días de despacho.

    Artículo 195º De las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia o de las interlocutorias que causen gravamen irreparable por la
    definitiva. podrá apelarse dentro del término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la publicación de la sentencia y se seguirá el procedimiento
    establecido en el Código de Procedimiento Civil.

    Cuando se trate de la determinación de tributos o de la aplicación de sanciones pecuniarias, este Recurso procederá sólo cuando la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributarias (100 U .T.) para las personas naturales y de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) para las jurídicas.

    Parágrafo Único El lapso para apelar por parte del Procurador General de la República, se contará a partir del vencimiento del plazo de ocho (8) días hábiles.

    Artículo 196º El procedimiento a seguir en la segunda instancia, será el previsto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

    Capítulo II
    Juicio Ejecutivo

    Artículo 197º Cuando los créditos a favor del Fisco Nacional por concepto de tributos, sanciones, intereses o recargos, no hayan sido pagados al ser determinados y exigibles, se demandarán judicialmente siguiéndose el procedimiento previsto en este Capítulo.

    A tal efecto, constituirán título ejecutivo los documentos que evidencien los créditos antes mencionados, los cuales al ser presentados en juicio aparejan
    embargo de bienes.

    Artículo 198º Para que los documentos a que se refiere el artículo anterior constituyan título ejecutivo, deberán reunir los siguientes requisitos:

    1º Expresión del lugar, fecha de la emisión y plazo o fecha para el pago.

    2º Identificación del deudor y su domicilio tributario.

    3º Indicación precisa del concepto y monto del crédito con especificación, en su caso. del tributo y ejercicio fiscal que corresponda, tasa y periodo del interés.

    4º Expresión del nombre y firma del funcionario que emitió el documento.

    Artículo 199º El procedimiento se iniciará mediante escrito en el cual se expresará la identificación del representante del Fisco, la identificación del demandado, el carácter con que se le demanda, el objeto de la demanda y las razones en que ésta se funda.

    Con el escrito de demanda se presentará documento que reúna los requisitos del artículo anterior.

    Artículo 200º En la misma demanda podrá el representante del Fisco solicitar, y el Tribunal así lo acordará, el embargo de bienes pertenecientes al deudor en cantidad que no exceda del doble del monto de la ejecución más una cantidad suficiente estimada prudencialmente por el Tribunal para responder del pago de intereses y costas.

    En caso de que los bienes del deudor sean de tal naturaleza que no pudieren hacerse dichas evaluaciones, se embargará cualquiera de ellos, aun cuando su
    valor exceda de la cantidad de que trata este artículo.

    Si el embargo se realiza sobre dinero efectivo, se limitará al monto de la demanda más la estimación de intereses y costas.

    A falta de bienes, se procederá al embargo de sueldos o pensiones de que disfrute el deudor dentro de los límites permitidos por la ley.

    Artículo 201º Ordenado el embargo, el Juez designará como depositario de los bienes al Fisco Nacional, cuando el representante de éste lo solicitare.

    Artículo 202º Cuando un tercero pretenda ser preferido al demandante, o que son suyos los bienes embargados, propondrá demanda ante el Juez de la causa en primera instancia, de la cual se pasará copia a las partes y la controversia se sustanciará según su naturaleza y cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en materia de tercería.

    Artículo 203º En la misma audiencia de admisión de la demanda, se acordará la intimación del deudor para que pague o compruebe haber pagado, apercibido de ejecución, en el lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de su intimación.

    Artículo 204º El deudor, en el mismo lapso concedido para pagar o comprobar haber pagado, podrá hacer oposición al pago que se le haya intimado sólo por los motivos siguientes:

    1º El pago del crédito fiscal que se le haya intimado, a cuyo efecto consignará con su escrito de oposición el documento que lo compruebe:

    2º La pendencia de un Recurso Administrativo o Contencioso cuando aquél se relacione con la procedencia o monto del crédito fiscal cuya ejecución se
    solicita; y

    3º La extinción del crédito fiscal demandado conforme a los modos de extinción previstos en este Código.

    El juicio sobre las excepciones opuestas seguirá por los trámites del ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil, sin impedir ni suspender el remate de los bienes embargados.

    Artículo 205º Si en la sexta audiencia después de la intimación, el deudor no hubiere acreditado el pago, se ordenará el remate de los bienes embargados, el cual se seguirá por las reglas del Código de Procedimiento Civil, salvo las normas especiales que se señalan a continuación.

    Artículo 206º El Tribunal procederá a nombrar un solo perito avaluador a objeto de que efectúe el justiprecio de los bienes embargados, quien deberá
    presentar sus conclusiones por escrito en un plazo que fijará el Tribunal y que no será mayor de quince (15) días contados a partir de la fecha de su aceptación.

    Cualquiera de las partes puede impugnar el avalúo en cuyo caso se procederá a la designación de peritos conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil.

    Artículo 207º Consignados los resultados del avalúo, se procederá dentro de los diez (10) días siguientes, a la publicación de un solo cartel de anuncio de
    remate en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad sede del Tribunal. Dicho cartel deberá contener:

    1º Identificación del ejecutante y del ejecutado.

    2º Naturaleza e identificación de los bienes objeto del remate.

    3º Certificación de gravámenes, cuando se trate de bienes inmuebles.

    4º El justiprecio de los bienes.

    5º Base mínima para la aceptación de posturas, la cual no podrá ser inferior a la mitad del justiprecio tratándose de bienes inmuebles.

    6º Lugar, día y hora en que haya de practicarse el remate.

    Copia de dicho cartel deberá fijarse a las puertas del Tribunal.

    Artículo 208º Cumplidas las formalidades establecidas anteriormente, se procederá en el día, lugar y hora señalados, a la venta de los bienes en pública
    subasta, por el Juez u otro funcionario judicial competente.

    Artículo 209º Si no quedase cubierto el crédito fiscal y sus accesorios, el representante del Fisco podrá pedir al Tribunal que decrete los embargos
    complementarios hasta cubrir la totalidad de los mismos.

    Artículo 210º En cualquier estado del juicio en que el demandado presente instrumento público que excluya la acción, se suspenderá la ejecución respecto

    Capítulo III
    Medidas Cautelares

    Artículo 211º Cuando exista riesgo para la percepción de los créditos por tributos, intereses o recargos, determinados o no, no exigibles por causa de plazo pendiente o por haberse interpuesto algún recurso, la Administración Tributaria podrá pedir al Tribunal competente para conocer del Recurso Contencioso Tributario que decrete medidas cautelares suficientes, las cuales podrán ser:

    1º Embargo preventivo de bienes muebles;

    2º Secuestro o retención de bienes muebles;

    3º Prohibición de enajenar o agravar bienes inmuebles.

    Las medidas procederán también en los casos de multas, cuando éstas hubieren sido confirmadas mediante resolución dictada en el Recurso Jerárquico o en la sentencia de primera instancia del Recurso Contencioso Tributario.

    Artículo 212º El Tribunal, con vista al documento del que conste la existencia del crédito, acordará Ia medida o medidas solicitadas que creyere pertinentes,
    graduadas en proporción al riesgo, cuantía y demás circunstancias del caso.

    El riesgo deberá ser fundamentado por la Administración Tributaria y justificado sumariamente ante el Tribunal.

    Artículo 213º El Juez decretará la medida el mismo día, o a más tardar el día hábil siguiente, sin conocimiento del deudor. En el mismo acto se fijará el plazo de duración de la medida que no podrá exceder de noventa (90) días continuos prorrogables por un término igual, a solicitud de la Administración Tributaria, sin Perjuicio de lo dispuesto en el artículo 189.

    Artículo 214º Para decretar las medidas cautelares no se exigirá caución. No obstante, el Fisco será responsable de sus resultados.

    Las medidas decretadas podrán ser sustituidas, a solicitud del interesado, por garantías que a juicio del Tribunal sean suficientes.

    Capítulo IV
    Acción de Amparo

    Artículo 215º Procederá la acción de amparo cuando la Administración Tributaria incurra en demoras excesivas en resolver sobre peticiones de los interesados y ellas causen perjuicios no reparables por los medios procesales establecidos en este Código o en leyes especiales.

    Artículo 216º La acción podrá ser interpuesta por cualquier persona afectada, mediante escrito presentado ante el Tribunal competente.

    La demanda especificará las gestiones realizadas y el Perjuicio que ocasiona la demora. Con élla se presentará copia de los escritos mediante los cuales se ha urgido el trámite.

    Artículo 217º Si la acción apareciere razonablemente fundada, el Tribunal requerirá informes sobre la causa de la demora y fijará un término breve y
    perentorio para la respuesta. Vencido el plazo, el Tribunal dictará la resolución que corresponda en amparo del derecho lesionado, dentro de cinco (5) días
    hábiles. En ella fijará un término a la Administración Tributaria para que realice el trámite o diligencia o dispensará del mismo al actor, previo afianzamiento del interés fiscal comprometido.

    De la decisión dictada se oirá apelación dentro de los diez (10) días continuos.

    Capítulo V
    Disposiciones Generales

    Artículo 218º Declarado totalmente sin lugar el Recurso, Ia acción o en su caso las excepciones en el juicio de cobro, o cuando estas últimas no hubiesen sido opuestas y hubiese vencido el lapso para que el deudor acreditare el pago, procederá en la respectiva sentencia la condenatoria en costas del contribuyente o responsable, las cuales no excederán del diez por ciento (10%) de la cuantía del Recurso o acción o de la demanda, según corresponda.

    Cuando, a su vez, el sujeto activo del respectivo tributo resulte totalmente vencido por sentencia definitivamente firme, será condenado en costas en los
    términos previstos en este artículo.

    Cuando el asunto no tenga una cuantía determinada, el Tribunal fijará prudencialmente las costas.

    El Tribunal podrá eximir del pago de las costas, cuando a su juicio la parte perdidosa haya tenido motivos racionales para litigar, en cuyo caso se hará
    declaración expresa de ello en la sentencia.

    Los intereses son independientes de las costas, pero ellos no correrán por el tiempo durante el cual esté paralizado el juicio.

    Artículo 219º En los procedimientos judiciales consagrados en este Título, el Fisco podrá desistir de cualquier acción o Recurso, o convenir en ellos, previa la
    instrucción del Ejecutivo Nacional.

    Artículo 220º Son competentes para conocer en Primera Instancia de los procedimientos establecidos en este Código, los Tribunales Superiores de lo
    Contencioso Tributario los cuales los substanciarán y decidirán con arreglo a las normas de este Código inclusive los que en materia tributaria se originen en
    reparos de la Contraloría General de la República.

    De las decisiones dictadas por dichos Tribunales podrá apelarse dentro de los términos previstos en este Código, para ante la Corte Suprema de Justicia.

    Parágrafo Primero: Se exceptúan de esta disposición los procedimientos relativos a infracciones sancionadas con penas privativas de la libertad, cuyo
    conocimiento corresponde a la jurisdicción penal ordinaria.

    Parágrafo Segundo: El conocimiento del juicio ejecutivo previsto en el Capítulo II de este Título, podrá ser atribuido a la jurisdicción civil ordinaria.

    Artículo 221º La jurisdicción y competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario se ejercerán en forma excluyente de cualquier otro
    fuero, por lo que no podrá atribuirse la competencia a otra jurisdicción ni a otros Tribunales de distinta naturaleza .

    Los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario serán unipersonales y cada uno de ellos tendrá competencia en los procedimientos relativos a todos
    los tributos regidos por este Código.

    La creación de estos Tribunales, la fijación de su circunscripción y la designación de los respectivos Jueces titulares, suplentes y demás funcionarios y
    empleados, y en general todo lo relativo a su organización y funcionamiento, se regirá por las Pertinentes disposiciones de la Ley Orgánica del Poder judicial y de la Ley de Carrera Judicial; no obstante para ser designado Juez Superior de lo Contencioso Tributario Suplente o Conjuez, se requerirá especialización en Derecho Tributario, la cual se acreditará con título de post-grado en Derecho Tributario o Financiero, expedido por una Universidad legalmente autorizada y la comprobación de cinco (5) años, cuando menos, de ejercicio profesional en la especialidad, bien sea libremente o al servicio de la Administración Tributaria Nacional, Estadal o Municipal, o con diez (10) años de ejercicio profesional en la especialidad o al servicio de dicha Administración, o por haber ocupado anteriormente el cargo de juez de lo contencioso tributario.

    Artículo 222º Serán competentes para la ejecución de las sentencias dictadas en el Recurso Contencioso Tributario, los tribunales de la jurisdicción ordinaria
    conforme al Código de Procedimiento Civil.

    En ningún caso podrá oponerse la excepción de ilegalidad.

    Artículo 223º En lo no previsto en este Título, y en cuanto sea aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

    TITULO VI
    DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
    Capítulo I
    Disposiciones transitorias

    Artículo 224º Conforme a lo previsto en el artículo 221 de este Código, se deberán crear, antes del 31 de julio de 1995, ocho (8) Tribunales Superiores de
    lo Contencioso Tributario, los cuales tendrán sus sedes en las siguientes ciudades del país:

    Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, Valencia, Calabozo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Porlamar.

    Artículo 225º Se faculta al Ejecutivo Nacional para otorgar a la Administración Tributaria, autonomía funcional y financiera, para lo cual se destinará
    directamente de los ingresos que generen los tributos que ella administra, un mínimo del tres por ciento (3 %) hasta un máximo del cinco por ciento (5 %),
    con exclusión de los ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos y actividades conexas, para atender al pago de las erogaciones destinadas al
    cumplimiento de sus funciones. Al respecto, el Ejecutivo Nacional creará, y en su caso, reestructurará, fusionará o extinguirá Servicios Autónomos sin
    personalidad jurídica para asegurar la administración eficiente de la tributación interna y aduanera.

    Parágrafo Único: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se asignará en la Ley de Presupuesto de cada año, el monto equivalente al porcentaje que el Ejecutivo Nacional determine para cada Servicio Autónomo creado.

    Artículo 226º A los efectos de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, el Ejecutivo Nacional establecerá en los Servicios Autónomos que se creen, un sistema profesional de recursos humanos, que incluya normas sobre ingreso, planificación de carrera, clasificación de cargos, capacitación; sistemas de
    evaluación y de remuneraciones, compensaciones y ascensos; asistencia, traslados, Licencias, normas disciplinarias, cese de funciones y régimen de
    estabilidad laboral para el personal de los Servicios.

    Parágrafo Único: Los funcionarios y empleados de los Servicios Autónomos tendrán el carácter de funcionarios Públicos, con los derechos y obligaciones
    que les corresponden por tal condición, incluyendo lo relativo a su seguridad social y se regirán por la Ley de Carrera Administrativa en todo lo que no se
    regule en las normas especiales que sobre el régimen de administración profesional de recursos humanos establezca la autoridad superior del Servicio
    Autónomo respectivo, previa aprobación del Ministro de Hacienda. En dichas normas se le deberá consagrar a tal personal, como mínimo, los derechos
    relativos a previos, prestaciones sociales y vacaciones, establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo.

    Artículo 227º El Ejecutivo Nacional adoptará todas las medidas y establecerá las normas reglamentarias de ejecución que sean necesarias para la aplicación
    de lo dispuesto en los artículos 225 y 226 de este Código. Para ello efectuará las adecuaciones correspondientes a la ejecución presupuestaria que se requiera en el ejercicio en curso.

    Capítulo II
    Disposiciones Finales

    Artículo 228º No son aplicables a la materia tributaria regida por este Código los artículos siguientes de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional: 4°,
    5°, 7°, 10, 18, 45, 46, 49, 55, 56, 58, 69, 79 y 90; Título X, artículos 272 al 303; Título XI, artículos 304 al 316 y Titulo XII, artículos 317 al 426, y cualesquiera otras disposiciones de naturaleza tributaria contenidas en dicha Ley.

    Asimismo, tampoco son aplicables las disposiciones establecidas por otras normas legales, en particular, que traten sobre aspectos de ejecución presupuestaria y de política y administración de personal, que colidan con las establecidas en este Código. Igualmente, no será aplicable a la materia tributaria estadal y municipal lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

    Parágrafo Primero: Los procedimientos relativos a tributos municipales, que estuvieren pendientes para la fecha de entrada en vigencia de este Código en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en primera o segunda instancia, continuarán en dicha jurisdicción hasta su definitiva conclusión conforme al
    procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

    Parágrafo Segundo: Los juicios sobre materia de reparos aduaneros que estuvieren pendientes ante la Corte Suprema de Justicia, continuarán en dicha
    jurisdicción hasta su definitiva conclusión, Seguirán conociendo de la materia de delitos aduaneros los Juzgados Nacionales de Hacienda.

    Artículo 229º A los efectos tributarios se crea la unidad tributaria que se fija en el monto de un mil bolívares (Bs. 1.000,00). Esta cantidad se reajustará a
    comienzos de cada año por resolución de la Administración Tributaria, previa opinión favorable de las Comisiones Permanentes de Finanzas del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, sobre la base de la variación producida en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el área
    metropolitana de Caracas, del año inmediatamente anterior, que publicará el Banco Central de Venezuela antes del día 15 de enero de cada año.

    En consecuencia, se convierten en unidades tributarias o fracciones de las mismas, los montos establecidos en las diferentes leyes y reglamentos tributarios,
    con inclusión de este Código.

    Artículo 230º Quedan derogadas todas las disposiciones de otras leyes sobre las materias que regula el presente Código, las cuales estarán regidas únicamente por sus normas y por las leyes a las que este Código remite. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 228 de este Código.

    Artículo 231º Este Decreto de Reforma Parcial del Código Orgánico Tributario entrará en vigencia el 1° de Julio de 1994.

    Dado, firmado y sellado en Caracas, a los veinticinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Año 184° de la Independencia y 135° de la
    Federación.

     

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    Por Juan Candelario

    Es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela (una de las 50 mejores universidades de Latinoamérica, según el QS World University Rankings, 2016). Doctorando en Derecho y con estudios en Derecho Económico y Derecho de la Integración, así como en Derecho Corporativo y Derecho de los Negocios, enfoca su práctica profesional en operaciones, transacciones y asuntos corporativos y financieros de alto nivel. En particular, aquellos altamente complejos y con aspectos multijurisdiccionales o transfronterizos.