A principios de Agosto de 1999,  el Gobernador del Estado Lara, Sr. Orlando Fernández declaraba a los medios de comunicación, con el mayor desparpajo, que él no haría nada para impedir que una turba linchara a quien consideraran azote de barrios. Así, el Sr. Fernández manifestaba, públicamente, su intención de violar la Constitución y las leyes, cuyo cumplimiento y ejecución es precisamente la función del Gobernador como autoridad máxima del Poder Ejecutivo Estadal. Más tarde ratificaba sus declaraciones y señalaba que a raíz de ellas había recibido las más fervorosas felicitaciones (Radio Caracas Radio, en Programa conducido por los periodistas Ana Bacarella y Miguel Angel Rodríguez. 16-08-99).

            En otra oportunidad, el mismo Gobernador suministró a la prensa datos y nombres de ciertas personas que estaban siendo investigadas en relación a una banda dedicada a la prostitución y a la deleznable actividad de proxenetismo. Como era de esperarse el Fiscal que llevaba el caso manifiesto su disconformidad con la conducta del Gobernador. Y es que el Gobernador había violado el Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, que impone guardar reserva a los funcionarios que participan en la investigación y a las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso. También había violado el Artículo 8 ejusdem, que consagra la Presunción de Inocencia, lo que implica que a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. Ante la crítica del Fiscal el Sr. Fernández se escudo en lo, ciertamente, abominable de las actividades en que aquellas personas estarían involucradas y señaló que la comunidad le había felicitado por su conducta. De modo que poco le importó al Gobernador que la ley ordene presumir inocente a esas personas hasta que una decisión judicial establezca lo contrario y le imponga guardar reserva. En su fementida lógica, lo ominoso del supuesto crimen de los imputados –que no acusados- justifica la violación de la norma; aunque quizás no deberíamos ignorar que la abducción legal le atraería unos cuantos votos de los “ciudadanos modelos” que ven con buenos ojos que, en algunos casos, se violente el ordenamiento legal.

            Posteriormente, a finales de noviembre de 1999, el mencionado Gobernador, Sr. Orlando Fernández decretó el arresto del empresario larense, expresidente de Fedecámaras, Carlos Sequera Yépez. El origen de la medida se encontraba en el cierre del kilómetro 15 de la vía Barquisimeto-Quibor por empleados de la central azucarera El Tocuyo. Según declaraciones del Sr. Fernández reseñadas en el Diario El Universal del 04-12-99 “el arresto por ocho días fue debido a que Carlos Sequera Yépez se ha negado a resolver los problemas de la central azucarera larense”. Es evidente que la legitimidad de la medida no admite ni el más de los superficiales análisis. Un asunto de naturaleza mercantil-laboral que origina medida de arresto no puede menos que causar sospechas sobre el estado de legalidad imperante en el ámbito en donde se produce. Sin embargo, el Gobernador, nuevamente, se regocija señalando que “había recibido felicitaciones tanto de amigos como de enemigos del accionista de la Central Azucarera El Tocuyo por la medida disciplinaria de arresto” (El Universal, 04-12-99).

            Es obvio que el Gobernador intenta revestir su conducta al margen de la ley e incluso contra legen de alguna legitimidad, cuando señala las supuestas felicitaciones que recibe. Olvida el agreste Gobernador que en los Estados medianamente civilizados la venia de un grupo de personas no autoriza a nadie a violar las leyes. Es por ello que ni aún “la renuncia de las leyes en general (…) surte efecto” (Art. 5, Código Civil). Por el contrario, en un Estado de Derecho se castiga la apología del delito o la instigación a delinquir sea especifica o genérica (Arts. 284 al 286 de nuestro Código Penal). La ley ha de ser cumplida por todos, autoridades y ciudadanos. Uno de los caracteres del Estado de Derecho es precisamente el sometimiento de las autoridades a la ley. No le esta dado a ningún funcionario público violentar el orden jurídico. De hecho, no es un buen funcionario público quien realiza semejantes ejecutorias; por el contrario, la autoridad pública que viola la ley se reduce a un simple truhán o bribón. Y quienes del lado de la sociedad bendicen tales actos no son ni ciudadanos ni modelos, mucho menos “ciudadanos modelos”. Conductas como las narradas constituyen un agravio al ordenamiento jurídico que no debe ser tolerado. Es preciso exigir que las autoridades se sometan al Derecho y cuando actúen al margen de él ha de caerle todo el peso de la ley, sin importar lo respetable que puedan ser sus motivos, los cuales la mayoría de las veces sólo tienen una adocenada intención política.  La historia nos demuestra que para alcanzar y mantener una sociedad distinta a la cavernícola, en la que se imponía la ley del más fuerte, y diferente a la etapa del absolutismo –época superada aunque algunos se nieguen a reconocerlo-, en donde quien ejercía el poder era irresponsable, esto es, no respondía terrenalmente ante nadie por sus actos y las normas solo se aplicaban a los súbditos, es imprescindible defender el principio del imperio de la ley. Es por ello que en España la guerra, llamada sucia por los métodos utilizados al margen de la ley, emprendida contra ETA durante el gobierno de Felipe González esta siendo castigada implacablemente. Es también en defensa de esos mismos principios que en Estados Unidos de América, la violación de la ley puso en vilo a un excelente Presidente. Y es que el fundamento de las acusaciones que casi le cuestan el cargo a Clinton está en su presunto perjurio, es decir, en la violación de la ley; quienes quieran buscarlo en la relación adúltera (para muchos inmoral, más ciertamente no ilegal) equivocan su análisis o simplemente no han leído la base argumental de la acusación presentada al Congreso de ese país. Y profuso son los casos que abalan la defensa del Estado de Derecho: Richard Nixon y Wartergate; Oliver Nort y el affair Iran-Contras; más recientemente, el asunto Hermort Kork en Alemania y el caso de los regalos de Netanyahu y su esposa Sara en Israel. Detrás de todos estos episodios esta la acertada posición de una sociedad de no tolerar que sus líderes, gobernantes o autoridades violen la ley. Ese es el camino que debemos tomar.

          Sin embargo, es conveniente señalar que la importancia de lo narrado trasciende al anacrónico y demodé Gobernador larense y a su aquiescente e incivil público, ya que ilustra con perfección geométrica la conducta generalizada ante la ley, tanto de nuestros gobernantes como de los ciudadanos o gobernados. En efecto, para nadie es un secreto que nuestros funcionarios públicos, los del pasado y hemos visto como los del presente también, sienten poco respeto por la norma. La violación a la ley por los que están llamados a cumplirla y  a hacer cumplirla ha sido una constante vergonzosa y perversa en nuestra historia, que ahora, cuando se habla de revolución, en lugar de imitarse o repetirse, debería ser execrada.

          La alteración grave al orden establecido es inherente a toda revolución; luego, si quieren convencernos de que asistimos a una verdadera revolución, como se empeñan en repetir hasta el cansancio, es necesario que se observe algún cambio en la forma como es utilizado el poder, y empezar por respetar la ley seria más que una buena señal, un elemento concreto y real. De lo contrario no estamos frente a una subversión del establishment corrupto, arbitrario e injusto, idea que se nos ha vendido, sino ante una vulgar y perogrullesca sustitución de actores que continúan practicando, quizás exponencialmente, los mismos vicios del pasado.

            Pero no sólo los funcionarios públicos violan con insolente ataraxia la norma jurídica; también los ciudadanos “de a pie” reiteradamente irrespetan la norma, a la que entienden como un obstáculo que aunque inmarcesible debe ser evadido. Por ello, no sólo infringen la ley, sino que frente a las comúnmente torticeras autoridades, optan por la genuflexión y laxitud, cuando no por la tolerancia y permisividad y últimamente sorprenden con su actitud panegírica, como ha ocurrido ante el decimonónico Gobernador.

            Así que yo diría que el Gobernador del Estado Lara no es sólo el hombre a quien felicitaban demasiado, sino que simboliza la antítesis de lo que debe ser todo funcionario público. Y quienes desde la sociedad civil han hecho loas a su conducta, encarnan la negación del ciudadano medianamente responsable. Pero es el caso, y esto es lo más grave, que la mayoría de nuestras autoridades actúan como lo hace el funcionario larense y casi la totalidad de los ciudadanos tienen la misma postura de aquellos que le han dado el “níhil ostat” al Gobernador. ¿¡Se han preguntado por qué estamos como estamos!?

Febrero de 2000

Por Juan Candelario

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El hombre a quien felicitaban demasiado

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